Defensoría advirtió que más 3 mil familias están confinadas en el municipio de Bojayá
Aseguran que son 3347 personas, de 830 familias, las confinadas; la mayoría de ellas pertenece al pueblo Embera.
Defensoría del pueblo
Un total de 12 comunidades campesinas e indígenas del municipio de Bojayá, en el departamento del Chocó, vienen siendo víctimas de estructuras al margen de la ley, las cuales han recrudecido su accionar indiscriminado desde comienzos de este año.
“Son 3347 personas, de 830 familias, las confinadas; la mayoría de ellas pertenece al pueblo Embera. Así lo pudo establecer nuestro equipo de la Regional Chocó, la Personería Municipal, la Alcaldía de Bojayá y la Diócesis de Quibdó en una misión de verificación hecha en el territorio”, señala el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis.
Las familias, que forman parte de las comunidades Río Uva, Nuevo Olivo, Villa Alta, Tawua, Salinas, Charco Gallo, Alto Río Bojayá, Chanú, Unión Chocó, Usaraga, Playa Blanca y Mojaudó, están afectadas por la instalación de minas antipersonal, reclutamiento de menores de edad, amenazas a lideresas y líderes sociales y profesores, torturas contra indígenas por supuestamente pertenecer a diferentes grupos armados ilegales, acoso sexual contra mujeres.
Se conoció que las comunidades, cuando por necesidad se arriesgan a salir de sus territorios, están siendo extorsionadas en varios puntos donde ilegales que delinquen en las áreas rurales de Bojayá han instalado retenes, son 4 en total, dos en Alto Río Bojayá y dos en Río Uva. Les quitan las pertenencias cuando reclaman ayudas humanitarias y recursos de la indemnización que les corresponde por ser víctimas del conflicto.
“A las mujeres las requisan y las despojan de sus pertenencias íntimas. Nos manifestaron que quieren suicidarse, que no soportan más la degradación a la que están siendo sometidas. Si llegan a hablar sobre lo sucedido, sus vidas corren peligro. Tienen temor2, dijo el Defensor del Pueblo.
Indicaron que otro hecho es la restricción para sacar del territorio la producción de plátano. Las Autodefensas Gaitanistas de Colombia impiden que les entren recursos a los pobladores que dependen de ese comercio porque, según la denuncia, los señalan de destinarlos a otros grupos armados ilegales.
“Es una clara infracción al derecho internacional humanitario, enmarcado en los Protocolos de Ginebra, la lamentable situación. Lo que está sucediendo afecta a los pueblos indígenas y su autonomía ancestral, pero también a los campesinos de Bojayá y sus alrededores”, expresa Camargo Assis.
