Medellín y Antioquia firmaron acuerdo con la JEP, con apoyo de la ONU, ¿de qué se trata?
Este fue uno de los temas tratados dentro del informe de la Organización de las Naciones Unidas en Antioquia, donde consideró como referente la implementación de los Acuerdos de Paz.
Antioquia
En el informe trimestral de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas de Antioquia, se consideró al departamento como un referente de la implementación de los Acuerdos de Paz en el país, por los proyectos y avances en el proceso de reincorporación de los firmantes de paz.
Entre los procesos destacables, la ONU resaltó el acuerdo firmado hace un mes entre la alcaldía de Medellín, la Gobernación de Antioquia y la JEP, con apoyo de la ONU y otras instituciones que respalden la verificación de los derechos humanos y el trabajo por la paz, en donde ambas partes se comprometen a hacer un trabajo conjunto para conseguir la reparación de las víctimas.
Enrique Sánchez Aira, jefe de la oficina regional de Medellín de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, manifestó: “Tenemos un proyecto preparado donde los comparecientes se comprometen a reconocer su responsabilidad y a entregar, digamos, algún tipo de ayuda, alguna de las mismas. Posibilidad de procurar perdón, en temas de reconciliación. Y eso, pues, con la alcaldía, y ahora se sumaría la gobernación, podría jugar un papel muy importante en facilitar ese tipo de proyectos preparadores”.
Con este acuerdo, se espera tener los espacios adecuados para abrir un camino de reconciliación y esclarecimiento entre los comparecientes y las víctimas del conflicto armado en el territorio antioqueño, uno de los más golpeados por la violencia.
Un llamado a la presencia integral del Estado en Antioquia
Aunque desde la ONU evalúan al departamento de buena manera en la implementación de los acuerdos, piden redoblar los esfuerzos de seguridad y tener un acompañamiento integral del Estado para garantizar la vida y reincorporación de los excombatientes, que hasta la fecha, son 1.304 que avanzan en el proceso, de los cuales, 250 permanecen en los antiguos Espacios de Capacitación y Reincorporación (AETCR), localizados en Segovia, Anorí, Dabeiba y Mutatá, mientras que los 1.054 restantes continúan en el proceso de forma colectiva o individual en otras zonas del departamento.
El informe destaca que la violencia en el territorio no se puede negar, por ejemplo en el nordeste antioqueño, donde como se ha conocido y expuesto en Caracol Radio, sufren de amenazas, desplazamientos y confinamientos en municipios como Segovia y Remedios.
“Hay, obviamente, en Antioquia unos retos particulares en el tema de seguridad. Como les mencionaba anteriormente, tenemos la situación en Segovia y Remedios que nos parece preocupante, nos parece positivo que haya habido una intervención de las fuerzas, de la fuerza pública, pero creemos que es importante también una presencia integral del Estado para apoyar a esas comunidades que han sido bastante alejadas, digamos, del acceso a los servicios del Estado”, señaló Enrique Sánchez.
Por esta crisis de seguridad, se reiteró la idea de trasladar el AETCR de Carrizal, ubicado en Segovia con 46 firmantes actualmente hacia otra parte del territorio, lo cual aún no está confirmado con fechas o lugares posibles.
El informe arrojó que entre el 27 de diciembre de 2023 al 26 de marzo de 2024, no hubo asesinatos en Antioquia de excombatientes, sin embargo, se rechazó el asesinato del líder social de Argemiro Mayo, el 10 de enero en Mutatá, Antioquia.
Proyectos de reincorporación
La Organización de las Naciones Unidas también resaltó las iniciativas de reincorporación civil desarrollados en el territorio; como el acceso a tierras y vivienda con proyectos productivos en la vida social y económica. En este periodo, hay 15 proyectos colectivos y 557 proyectos individuales aprobados, 38 personas en ruta de inclusión laboral y 67 personas adicionales accedieron a la formación para el trabajo y el desarrollo humano.
Finalmente se hizo un llamado para las administraciones municipales del departamento para incluir acciones y presupuestos en los planes de desarrollo de 2024 a 2027 para los involucrados en los Acuerdos de Paz.