Defensa de mujer que provocó fatal accidente en Armenia pidió medida diferente a la cárcel

Armenia

El Juzgado Primero Penal Municipal con Función de Control Garantías de Armenia reanudó la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento en contra de Melissa Cortés Guzmán de 29 años por el delito de homicidio culposo agravado en el accidente de Tránsito donde perdió la vida el motociclista Arlés Arbeláez Morales de 50 años.

La abogada defensora, Sandra Milena Urrea expuso que para dictar medida de aseguramiento debe haber una inferencia razonable de autoría y participación. Explicó que el delito es homicidio culposo agravado y conforme a la ley no hay razones jurídicas para establecer dicha medida.

Mencionó que se trata de un delito imprudente porque sobrevalora su capacidad de evitar el riesgo y sostuvo que para tomar decisión en torno a la medida es un delito culposo y no intencional. Resaltó que no es una valoración sesgada por parte de la defensa, sino que está determinado en que es culposo el delito y que no hubo intención.

Dijo que Melissa no se predispuso a generar una afectación de la vida por lo que no hay intención a pesar de las opiniones divididas que genera el caso. Mencionó que es importante analizar el tipo penal respecto a la relación de los hechos que es conducir en estado de embriaguez centrado en la culpabilidad amparada en la ley lo que deduce la inferencia razonable de autoría y participación.

Se refirió al punto de la no comparecencia relacionado con el peligro para la sociedad ya que la sola modalidad y gravedad de la conducta no basta para solicitar la medida de aseguramiento. Afirmó sobre la pena mínima de 53 meses que el juez de control de garantías no es quien condena, pero avizora el peligro futuro.

Fue enfática en afirmar que a Melissa le imputaron el delito de homicidio culposo agravado por lo que la pena no puede ser mayor ya que solo está el tema de conducir en estado de embriaguez. Señaló que en el caso no hay agravantes y solo tiene circunstancias de atenuación punitiva porque no tiene antecedentes penales por lo que el margen de movilidad es sobre la pena mínima esto amparado a la norma.

Especificó que de los 53 meses deben reducir hasta el 12.5% por aceptación de cargos y mientras más temprano se haga es mucho mayor el beneficio ya que no permite el desgaste de la justicia entonces la pena podría ser inferior a 48 meses.

Sostuvo que no hay urgencia ni necesidad de la medida para Melissa Cortés Guzmán y advirtió que, si la apelación por las inconsistencias en la captura es a favor, la rebaja sería de la mitad de la pena de 53 meses quedando en 26.73 meses.

Reiteró que la modalidad es culposo no intencional porque fue el ejercicio de tipicidad centrados en el imperio de la ley. Fue enfática en decir que no hay continuidad delictiva porque no tiene antecedentes ya que no tener documentos no es un delito porque son de carácter administrativos no penal.

En cuanto a los comparendos que relacionó la Fiscalía, reconoció que es cierto, sino que Melissa vendió la moto y quien la compró fue quien generó la infracción.

Precisó que, si la pena es inferior a 48 meses, acepta cargos y no tiene antecedentes tiene derecho a la libertad porque cumple con esos parámetros. Añadió que al aceptar cargos tiene dispuesta la comparecencia porque le interesan los beneficios ya que el hecho fue circunstancial.

La abogada resaltó que la medida sería innecesaria porque muy pronto podría salir o quedar en domiciliaria por los factores probatorios.

Solicitó la libertad inmediata y si debe ser afectada su defendida podría ser una medida de aseguramiento no privativa de la libertad en cuanto a presentarse periódicamente ante la autoridad que fije el Juez, pero enfatizó que si requiere privación que sea entonces domiciliaria.

Reveló que Melissa es esposa de un retirado de la policía y es madre de dos hijos menores de edad. Dijo que si hay arraigo que es en el municipio de Cajamarca, Tolima donde vive hace 20 años.

El Juez finalmente intervino y destacó que reconoce que la sociedad está dolida, pero deben actuar conforme a la ley y equilibrar los derechos al procesado y a la víctima.

Suspendió la audiencia y quedó fijada para el lunes 8 de abril a las 2:30 de la tarde.