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¿Qué es un plan de desarrollo?

Plan de Desarrollo 2024 - 2027 ‘Nuestro gran plan es Boyacá’, del gobernador, Carlos Andrés Amaya, tendrá un costo de 7 billones de pesos

Plan de Desarrollo 2024 - 2027 ‘Nuestro gran plan es Boyacá’, del gobernador, Carlos Andrés Amaya, tendrá un costo de 7 billones de pesos

Tunja

A propósito de los planes de desarrollo que serán presentados en este primer semestre de 2024 por alcaldes y gobernadores que marcarán la hoja de ruta de su gestión para los próximos cuatro años, es importante aclarar que estos documentos tienen como propósito trazar los objetivos de las administraciones a corto, mediano y largo plazo, así como las estrategias y acciones necesarias para hacer posible su cumplimiento en el tiempo previamente establecido.

Los planes de desarrollo tienen un proceso de elaboración que inicia con un diagnóstico especializado, en el cual se hace un análisis detallado para identificar problemas, necesidades y recursos disponibles. Se establecen metas claras y alcanzables para llevar a cabo en ese periodo de gobierno donde se deben tener en cuenta las propuestas o sugerencias de los ciudadanos frente a los problemas que se presenten en cada lugar del territorio. Una vez elaborado, el plan de desarrollo debe ser presentado a los concejos municipales y Asambleas Departamentales y luego, en su implementación, este debe ser evaluado periódicamente con el fin de realizar e incluir los ajustes necesarios.

¿Qué hay que tener en cuenta en el Plan de Desarrollo?

Para los mandatarios, alcaldes y gobernadores, la creación de su plan de desarrollo es el vehículo para aterrizar y materializar las ideas e iniciativas planteadas en su respectiva campaña política, incluidas en el programa de Gobierno. Estos no deben ser rígidos, pues las situaciones en cuatro años son cambiantes. Es de suma importancia que en estos se incluyan las conclusiones producto de reuniones con la comunidad con el fin de que sea posible mejorar las condiciones de vida y promover la estabilidad política, abordando una amplia gama de áreas como la educación, la salud, la economía, la infraestructura, la justicia, la vivienda, entre otras. La Ley 152 de 1994, Ley Orgánica del Plan de Desarrollo “establece los procedimientos y mecanismos para la elaboración, aprobación, ejecución, seguimiento, evaluación y control de los planes de desarrollo.”

Tener un diagnóstico con la parte financiera territorial y un presupuesto asequible hace que la definición y ejecución de lo que se haga sea más eficiente.

¿Qué sucede si no se cumple con estos planes de desarrollo?

El desperdicio de recursos es una consecuencia directa de este tipo de incumplimiento, pues estos requieren recursos representados en dinero, tiempo y esfuerzo. También puede tener repercusiones como el estancamiento social, cultural o económico y, por último, desconfianza, pues la falta de cumplimiento desmotiva y hace perder el interés de las partes involucradas y le resta credibilidad al mandatario y funcionarios encargados de su realización.

Le corresponde a los Consejos Territoriales, a las Asambleas departamentales y concejos municipales su veeduría en todas las etapas de elaboración, seguimiento y evaluación del plan durante el periodo de gobierno, pues sus miembros son elegidos mediante mecanismos democráticos lo cual les otorga ser la representación de los sectores y el pueblo en sí mismo.

Todas las sesiones relacionadas con el Plan de desarrollo municipal o departamental, en cualquiera de sus fases, deben ser públicas con previa divulgación de su agenda, en las que participarán los integrantes de los consejos territoriales de planeación y otras organizaciones sociales.

En Boyacá, el Plan de Desarrollo ya se presentó al Consejo de Planeación y los próximos 20, 21 y 22 de marzo habrá sesiones de trabajo conjunto para posteriormente presentarlo a la Asamblea Departamental la última semana de abril.

Según el secretario de Planeación del departamento, Jairo Neira Sánchez, el Plan de Desarrollo 2024 - 2027 ‘Nuestro gran plan es Boyacá’, del gobernador, Carlos Andrés Amaya, tendrá un costo de 7 billones de pesos durante los próximos cuatro años, de los cuales 3 billones por lo menos serán producto de la gestión ante entidades del orden nacional.

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