“Trabajar con la niñez no es un negocio”: Astrid Cáceres, directora del ICBF
La directora Cáceres aseguró que en la entidad se están implementando nuevos avances en los modelos de contratación y proyectos anticorrupción.
Colombia
En la comisión séptima de la Cámara de Representantes, se llevó a cabo, este martes, el debate de control político al ICBF por presuntas irregularidades con las contrataciones en las que se vió envuelta la entidad. La directora, Astrid Cáceres, hizo énfasis en las preocupaciones por los niños, niñas y adolescentes frente casos de violencia, migraciones, entre otros y en los ‘escándalos’ mediáticos.
“El debate de control político sobre el ICBF no es un debate de control político como de cualquier otra entidad, otro ministerio. Aquí estamos hablando 15 millones de niños de 50 millones de habitantes del país”, afirmó la directora Cáceres.
En los argumentos propuestos por Cáceres, resaltó que el debate debe recordarle al país la responsabilidad que debe tenerse para que el presupuesto de más de 9 billones de pesos en recursos, puedan llegar a las niñas y los niños colombianos.
Una de las polémicas en las que está envuelta la entidad, respecto a las contrataciones, es sobre el contrato interadministrativo con la agencia de logística de las Fuerzas Militares. La directora compartió un análisis de sectores públicos y privados, donde el sector privado produce un 16% de sobrecostos de intermediación, mientras que los sectores públicos, son económicos y son entidades dispuestas, con logística, para llevar los operativos a los rincones de los territorios colombianos.
“¿Por qué contratan a las fuerzas armadas para hacer eventos? Resulta que la logística que nosotros necesitamos para el cambio es una logística que nos ayude a llevar mercados en lomo de burro hasta la Sierra Nevada de Santa Marta, que nos deje llegar a zonas de conflicto armado y que permita que nuestros funcionarios estén seguros. La fuerza logística de las fuerzas militares tiene esa posibilidad”, indicó Cáceres.
La directora habló sobre el caso del exconcejal Otoniel Vergara, presunto implicado en el ‘cartel de las familias falsas’ del ICBF en el Nariño, afirmando que la entidad lleva varios años desmantelándose, acelerando los procesos de sanción e implementando una ‘operación anticorrupción’, que cuenta con un equipo de transparencia y participación cooperativa de las comunidades a partir de denuncias hechas por las mismas.
“La gente empezó a denunciar por SECOP, ustedes le pueden hacer seguimiento a esa invitación pública. Tuvieron tiempo para observar, la gente nos dijo “este está ‘amangualado’ con este otro”, “estas asociaciones quieren comprarles las asociaciones a las madres comunitarias”. Empezamos un proceso de depuración con la misma ciudadanía que logró depurar una parte. Todavía nos siguen llegando denuncias y mientras sigamos recibiendo y sigamos investigando, vamos a avanzar”, aseguró la directora.
La entidad espera que, a partir de asociaciones, consejos comunitarios, juntas de acción y entidades sin ánimo de lucro del Sistema Nacional de Bienestar Familiar, se dejen de lado las presuntas negociaciones de cupos. Cáceres enfatizó en que: “los niños no son cupos, trabajar con la niñez no es un negocio”.
Cáceres expuso los retos del ICBF para los próximos años, entre los que se encuentra el lograr una alianza con otras entidades, como con el Ministerio de Educación, para asegurar centros de educación inicial para primer y segundo ciclo de primera infancia. Apoyar las iniciativas comunitarias para la prevención de reclutamiento y trabajo infantil, asegurar una recuperación nutricional, para el cual se estima un presupuesto de 455 mil millones de pesos y el poder estar presentes en más municipios del país.
