Contraloría hace contundente llamado a Sec. Educación por la toma del colegio INEM Kennedy
Luego de la toma de 50 estudiantes a la instalación de la institución como forma de protesta, la Contraloría de Bogotá visitó el lugar y anunció que adelantará actuaciones fiscales en el marco de sus competencias para evaluar la gestión fiscal asociada a esta problemática.
Situación del colegio INEM de Kennedy. Foto: Contraloría de Bogotá.
Luego de que un grupo de 50 estudiantes se tomara el colegio INEM de Kennedy hace más de una semana, Andrés Gustavo Rojas, Director Técnico de Educación de la Contraloría de Bogotá, aseguró que las condiciones son alarmantes, tras una reciente visita realizada por un equipo de la Contraloría.
El director informó que en las instalaciones del colegio se ha detectado un grave deterioro en la infraestructura física, especialmente en áreas destinadas al deporte, prácticas industrializadas, la cocina y los comedores estudiantiles, los cuales no están operativos. Además, se señala un fuerte daño en las instalaciones sanitarias, generando filtraciones constantes de agua.
Una de las revelaciones más impactantes es que los estudiantes no cuentan con ascensores en funcionamiento, especialmente diseñados para personas con movilidad reducida. A pesar de que existen tres ascensores, ninguno opera de manera adecuada.
En respuesta a las críticas sobre la demora en la intervención de la Contraloría, Rojas explicó que este organismo realiza ejercicios de control posterior y selectivo de manera periódica en las instituciones educativas de Bogotá. Las alertas adicionales para el INEM de Kennedy surgieron a raíz de denuncias formuladas desde el Concejo de Bogotá.
La Contraloría hizo un llamado urgente a la Secretaría de Educación para que tome medidas inmediatas y adecuadas para superar las dificultades identificadas. Actualmente, debido a una asamblea permanente de los estudiantes, se ha suspendido el servicio educativo y el programa de alimentación escolar.
El director instó a establecer diálogos y discusiones para encontrar soluciones concertadas y disminuir la afectación a los derechos de la población educativa, que asciende a aproximadamente 5.930 estudiantes afectados por la suspensión de clases y del Programa de Alimentación Escolar (PAE)
La Contraloría de Bogotá también anunció que adelantará actuaciones fiscales en el marco de sus competencias para evaluar la gestión fiscal asociada a estas problemáticas.
