Elección de fiscal, manifestaciones en la Corte y efecto institucional

En Hora20 el debate sobre el complejo panorama institucional que vive el país. Unas movilizaciones que impiden la salida y entrada al Palacio de Justicia, manifestantes que presionan la labor de la Corte, un tribunal que en derecho actúa y todavía no define quién será el próximo fiscal y una Fiscalía que entrará en interinidad a partir de la próxima semana.

Intentando entrar por la fuerza a las instalaciones de la Corte Suprema, bloqueando la salida y la entrada a los parqueaderos del Palacio de Justicia y fuertes arengas contra los magistrados, ese fue el lamentable ataque a la institucionalidad que propició una parte de la movilización que convocaron para este jueves centrales obreras y algunas entidades del Estado para presionar, así lo nieguen los organizadores, la elección de fiscal general de la nación, un hecho que llevó a evacuar a los magistrados del Palacio sobre las 4 de la tarde.

El presidente Petro celebró vía X “las marchas por la decencia”, aunque hacia las 3 de la tarde le ordenó a la Policía actuar sobre las personas que impedían la movilidad de los magistrados.

En otro escenario y tras escuchar el balance y corte de cuentas del fiscal saliente Francisco Barbosa, los 23 magistrados de la Corte Suprema de Justicia iniciaron dos rondas de votaciones para escoger entre la terna que envió el presidente a la próxima fiscal general de la nación: Luz Adriana Camargo, Ana María Buitrago y Amelia Pérez. Sin embargo, en este segundo encuentro de los magistrados para elegir fiscal, ninguna de las ternadas obtuvo los 16 votos, el número necesario para resultar elegido.

No lograr escoger a la nueva fiscal en la sala plena de este jueves implica que la Fiscalía entre en interinidad, pues el periodo del fiscal Francisco Barbosa terminará este lunes de 12 febrero, con lo cual, en adelante será la vicefiscal Martha Mancera la fiscal encargada, esto mientras la Corte define quien ocupará el cargo.

Al respecto el presidente Petro insistió que, así como la Corte tiene el derecho y el deber de elegir fiscal, la ciudadanía tiene el derecho a manifestarse y remató diciendo que la protesta no es contra la justicia, sino contra la mafia que se toma la justicia.

Por si no fuera poco el complejo panorama, esta tarde la Organización de Estados Americanos emitió un comunicado en el que exigen que se abandonen los intentos por parte de diferentes actores políticos de dañar el proceso democrático en Colombia, consideran imprescindible que se garantice el cumplimiento del mandato de Gustavo Petro, dicen que repudian las amenazas de irrupción al mandato constitucional y terminan diciendo que en aras de la certeza constitucional y política el país, es de vital importancia nombrar fiscal general.

Lo que dicen los panelistas.

Para Juan Carlos Flórez, exconcejal de Bogotá, historiador y analista, durante la jornada ha gravitado sobre Bogotá un fantasma terrible de nuestra historia, “no le queda bien al Presidente tirar piedra y esconder la mano, sabe que con inmensa facilidad en Colombia las protestas que inician pacíficas pueden terminar de manera violenta”. También dijo que en un momento en el que se desarrollan investigaciones en varios frentes, el Presidente no puede intimidar a la justicia, “ese es un desborde inmenso de sus competencias; la figura de Gustavo Petro hoy se ha deslegitimado”. De hecho, manifestó que a lo que se le ha hecho daño es al liderazgo presidencial y a la credibilidad del mandatario, “¿Qué se puede esperar cuando en el país queda la sensación de que el Presidente no quiere que se investigue su entorno?”, se preguntó.

Juan Álvarez, periodista, escritor, investigador en el Instituto Caro y Cuervo y autor del libro Recuperar tu nombre, resaltó que se debe convivir con dos verdades: las enormes equivocaciones del Presidente en la que incluso en democracia ante la injusticia hay que tener paciencia y, que Petro es paradójicamente su peor enemigo. De otro lado, dijo que lo que ocurrió en Bogotá es muy diferente a lo que pasó en Washington el 6 de enero del 2021 con la toma al Capitolio, pues dice que en Bogotá sí hubo una respuesta, aunque fuera tardía.

Destacó que la Fiscalía lleva por lo menos ocho años con enormes cuestionamientos y aseguró que la gente tiene mucha hambre de acceso a la justicia porque no creen en las instituciones. Por último, dijo que durante la próxima votación en la Corte Suprema no debería haber movilizaciones y que el Presidente debería desactivar la narrativa de presión en la calle.

Para Rodrigo Pombo, abogado, profesor universitario y columnista, hay una cantidad de pronunciamientos judiciales en los que se confunde la manifestación violenta con la manifestación pacífica, la que considera, es la que no rompe el orden democrático, “todas las partes democráticas coincidimos en que todo esto estuvo muy mal y que puede empeorar, pero no nos hemos puesto de acuerdo en cómo debe actuar la institucionalidad”, de hecho, dijo que quienes defienden la autoridad democrática, “vemos con risa socarrona decir que está bien romper vidrios y acabar con el mobiliario urbano porque de por medio está la democracia; eso no es así”.

Resaltó que en el país no hay ninguna ruptura institucional, “el hecho de tener un fiscal que no guste o sea deficiente en resultados, no indica que haya ruptura”, algo que considera distinta a un escenario en el que el fiscal no quiera salir del cargo.

Luz María Sierra, periodista y directora de El Colombiano, planteó que lo ocurrido es la conclusión de una estrategia que comenzó hace una semana cuando el Presidente trinó que alertaba sobre una ruptura institucional, “desde ese momento hemos tenido un escalamiento del espíritu enardecido”, también manifestó que es una estrategia del Gobierno Petro que se ve acorralado por las investigaciones a su campaña, “Petro primero incendia diciendo que el voto popular se respeta y luego trata de separarse hablando con el presidente de la Corte Suprema y hoy dijo que hubo infiltrados”, con lo cual, resalta que el Presidente trata de mostrarse como alguien alejado de lo que ocurre.

Manifestó que es Gustavo Petro el que va contra la Constitución y la democracia, “el Canciller por 15 días no acató un fallo de la Procuraduría y ahora hacen aborto porque Mancera está siendo investigada”.