“Queremos dejar de contar más muertos en el territorio”: Fiscal Obando

Luisa Fernanda Obando Guerrero es la delegada de la Fiscalía General de la Nación para la Seguridad Territorial. A su cargo tiene la tarea de coordinar a las personas encargadas de llevar a la justicia a responsables de asesinatos de líderes sociales, masacres, feminicidios, entre otros delitos.

En entrevista con Colprensa, la abogada, especialista en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, conversó sobre el balance entregado por la unidad que dirige, en el que destaca varias cifras consideradas alentadoras en la atención de crímenes de alto impacto para Colombia.

Los datos de la Fiscalía señalan que han resuelto más del 90% de los casos de homicidios colectivos. Para hacer una precisión, más o menos conceptual, ¿a qué se refieren con resolver?

Uno de los principales objetivos, que está enmarcado en el direccionamiento estratégico de la Fiscalía General de la Nación, es adelantar y esclarecer todo lo que atente contra la vida e integridad de las personas, que es uno de los flagelos que en Colombia ha venido incrementando. Las olas de violencia por otros fenómenos desencadenan, lastimosamente, homicidios dolosos y, a raíz de ellos, un aumento de homicidios colectivos, más que todo en las zonas rurales.

Ese objetivo permitió que se conformara un equipo, con Policía Judicial de la Dijín y del Cuerpo Técnico de Investigación, destinado, en todo el territorio nacional, exclusivamente a adelantar los actos urgentes para el esclarecimiento de estos homicidios colectivos. Entiéndase ese esclarecimiento como la identificación y/o individualización del presunto responsable.

Efectivamente, a la fecha llevamos ya el 90,11% de esclarecimiento en el período del señor fiscal Francisco Barbosa en homicidios colectivos, que se han podido resolver cuando se registraba tan solo un 36,80% en el momento en el que él recibe la administración.

Ese porcentaje es de los casos con cuatro víctimas o más, pero el esfuerzo no solo se está enfocando allí, sino que la estrategia irradia hacia todo lo que compete al homicidio doloso y a los homicidios múltiples con tres víctimas, donde el esclarecimiento es de más del 70%.

Entonces, ese 90% corresponde a la captura y judicialización de los señalados responsables de hechos que dejaron 572 víctimas, ¿no?

Sí, efectivamente, y creo que es importante resaltar el número de condenas. Hemos logrado en estos cuatro años 39 condenas, de las cuales 33 son de preacuerdo, cinco son aceptaciones de cargos y una es acusación directa.

Van solo 39 condenas. ¿En promedio, cuántos casos, podría decirse, están esperando una sentencia?

Un alto porcentaje se encuentra en etapa de juicio. Más del 40% de los resueltos está en una etapa de juicio y varios de ellos tienen solicitudes de la defensa para poder llegar a un preacuerdo.

La cifra de personas dedicadas exclusivamente a masacres es de 13 fiscales, 17 investigadores, 17 peritos y tres psicólogos. ¿No cree que para obtener mejores resultados ese personal debería aumentarse? ¿En qué debería invertirse a futuro en esta área?

La idea es que se pueda seguir fortaleciendo en los territorios. Si bien es cierto que el Grupo de (Homicidios) Colectivos trabaja de la mano con los fiscales destacados en las 35 direcciones seccionales para homicidios dolosos, sí se requiere un fortalecimiento con exclusividad, con pericia, con conocimiento y, por supuesto, con experiencia.

Aproximadamente el 75% de los homicidios colectivos tiene dos características: Una, la ocurrencia en veredas o corregimientos de municipios de difícil acceso para los equipos. A pesar de eso, la Fiscalía ha sido supremamente responsable para garantizar a estas víctimas el tratamiento adecuado, tanto para la escena como para el cuerpo, con Medicina Legal.

Por otra parte, ese mismo porcentaje tiene que ver con la presunta responsabilidad de organizaciones criminales, otro componente que genera una complejidad que hemos podido surtir mediante la directriz del señor fiscal de darle fuerza a los equipos itinerantes, equipos móviles que están en todo el territorio para aclarar los casos.

Teniendo en cuenta que esas organizaciones criminales han tenido cierta dinámica de reorganización o de mayor ocupación de algunos territorios, ¿cómo ha tenido que cambiar el actuar de la Fiscalía?

Con la llegada de nuevos actores a territorios donde no hay un control, donde no se materializan órdenes de captura, tenemos todavía al actor en la calle. Tener al actor en la calle implica la captación o reclutamiento de menores para la comisión de delitos, porque saben que muchas de las sanciones a los menores infractores no generarán una pena como recoge el Código Penal para mayores de edad.

Lastimosamente, las condiciones que están viviendo algunas regiones hacen que se perpetúe con mayor fuerza la criminalidad organizada. Frente a esto, la delegada de Seguridad Territorial, con los 35 directores seccionales, trabajan de la mano con la delegada de Crimen Organizado y la delegada de Finanzas Criminales. La estrategia consiste no solo en atacar el fenómeno del homicidio o la línea militar de estar organizaciones criminales, sino también en atacar sus finanzas.

El balance de Seguridad Territorial expresa el esclarecimiento del 44% de los homicidios dolosos que sucedieron en el país en estos cuatro años. Esa cifra implica que no se ha resuelto siquiera la mitad de los casos. ¿Qué falta, o qué debería cambiarse a futuro, para una mayor resolución?

Lastimosamente, nosotros recibimos este punto en un porcentaje muy bajito, en un 27.38%, y estamos hablando de que lo recibimos hace cuatro años, cuando la cantidad de homicidios era menor a la que tenemos actualmente.

Creo que se le debe apuntar a tres principios rectores: La itinerancia de los equipos; la concentración de actividades, es decir, que todas las capacidades instaladas de la Fiscalía tengan comunicación, tengan fluidez y que los elementos que recolecte una dependencia puedan ser de acceso para las regiones, y por supuesto, la articulación, no solo al interior de la entidad, sino con la Fuerza Pública, porque sin protegerla y sin garantizar seguridad podemos tener buenas intenciones, pero es difícil proteger la vida e integridad de nuestros funcionarios, como pasó en Tarazá o en Tibú.

Hablemos de casos connotados. Uno de ellos fue el del coronel Benjamín Darío Núñez Jaramillo, quien recibió una condena de 29 años por el asesinato de tres jóvenes en Chochó, Sucre. ¿Hay algo que le gustaría subrayar de esta investigación?

En este caso se podría resaltar la utilización, a nivel probatorio, de la evidencia técnica. Se volcó toda la capacidad del Cuerpo Técnico de Investigación a que pudiésemos resolver no solamente con lo testimonial, porque muchas veces no contamos con ningún testigo, y, si contamos con él, llevarle a juicio implicaría un riesgo de victimización muy grande.

Entonces, ¿a qué le está apostando la Fiscalía? A la tecnificación, la interceptación de comunicaciones, que hizo parte de este proceso; todo lo que tiene que ver con extracción de información de dispositivos de los capturados, el seguimiento de cámaras y, algo muy importante, la caracterización de las víctimas.

Ese es un componente avanzado que se hace por parte de psicólogos, en el que no solo analizamos el aspecto socioeconómico o laboral de la persona que muere, sino también su posición. Por ejemplo, en el tema de defensores de derechos humanos, si su condición hace que su nivel de riesgo en un determinado territorio aumente. Eso es clave a la hora de esclarecer estos hechos.

Otro es el caso de William Trejo, alias ‘Mi Negro’, con casi 52 años de cárcel por el homicidio del profesor Álvaro Díaz Pineda y tres familiares en Landázuri, Santander...

Aquí podemos hacer correlación con lo que acabo de mencionar. La persona, siendo docente en una parte rural, tiene mucha más connotación que un docente en cualquier capital. No por la importancia de, digamos, la profesión en sí, sino por lo representativo que es para una comunidad la muerte de un docente, de un líder social, de un líder de la Junta de Acción Comunal.

Eso es importante porque la Fiscalía no solo se ha encargado de dar con los autores materiales, sino también de dignificar el nombre de las víctimas y de decirle a la comunidad que vamos hacia los determinadores para poder establecer el móvil por el que la persona fue asesinada, por si tal vez le generaba ruido o inconformidad a una organización criminal.

Lo digo porque hemos encontrado muchas investigaciones en las que esos líderes y su voz se estaban convirtiendo en receptores de muchas otras voces calladas. Eso lleva a que el actor criminal que tiene un control total en algunas zonas, más que todo rurales, imponga su código de conducta y ejerza una sanción que, lastimosamente, es la muerte.

Los móviles son muy importantes, por ejemplo, en casos de feminicidio, pues hacen parte de toda la argumentación de un proceso penal para dictar que no se trata de un homicidio. Las cifras de la delegada que usted dirige indican un esclarecimiento del 96% en esos casos. ¿Cómo se llegó a ese dato?

El tema de la mujer fue otro componente estratégico. Tan es así que la Fiscalía actualmente deja una directiva sobre feminicidios en la que da unos lineamientos de estricto cumplimiento para los fiscales, para que tengan un buen manejo de la escena.

Las 24 horas son fundamentales a la hora de abordar un feminicidio. Debemos comprender que no solo debe abordarse el sexo de una persona o que convivía con su agresor. La directiva nos obliga, como ente acusador, a verificar todas las circunstancias preliminares de escenarios de violencias en las que pudo estar inmersa una mujer por su rol, no solo de esposa o madre, sino su rol representativo en el ambiente en el que se desarrolla.

El contexto debe ser amplio para imputar un feminicidio. Eso tiene que ver con los estándares internacionales y los pronunciamientos de las altas cortes, como la Corte Constitucional, en la defensa de la mujer.

También se tiene el Grupo Nacional de Género, que está a cargo de esta delegada; este grupo cuenta con fiscales que están preparadas en temas de género en su amplitud. Tenemos también antropólogos, psicólogos, sociólogos. Son un grupo interdisciplinario, no como se está acostumbrado, que es solo Policía Judicial, investigador y fiscal.

En materia de género, a finales del año pasado ustedes reportaron la judicialización de cuarenta señalados agresores sexuales seriales. ¿Qué criterios tuvo la Fiscalía para aseverar que, precisamente, se trató de violentadores seriales? Es que es una cifra alarmante.

A esos asaltantes se les atribuyeron 97 víctimas: 80 mujeres y 17 menores de edad. Encontramos esa figura de asaltantes seriales en Bogotá, Nariño, Santander, Valle del Cauca, Meta, Córdoba, Chocó y Tolima. Ocho de ellos eran reincidentes y actualmente permanecen en centros carcelarios del país.

Aquí cobra mucha importancia el contexto. Nosotros comenzamos a investigar de manera integral, no aislada. Entonces, empezamos a verificar que hay hechos que guardan relación en el modus operandi. Conocimos en Chocó, por ejemplo, a un domiciliario que recogía a las mujeres, las accedía y siempre dejaba un patrón en el cuerpo, una señal, al momento de asaltar.

Alguno de ellos usaba aplicaciones para llevar domicilios. Otro esperaba en calles solitarias donde podía acechar mucho más fácilmente a sus víctimas. Luego de estas evidencias, al momento de nosotros hacer mesas de trabajo continuas y monitoreo en el país, identificamos con mayor facilidad a estos asaltantes seriales.

En esta entrevista hemos hecho algunas concreciones en términos usados por la Fiscalía. Hay cierto sector de la sociedad a la que el término ‘homicidios colectivos’ le parece incómodo. Algunos centros de pensamiento, como Indepaz, llaman a esos hechos, en los que matan a tres o más personas, directamente ‘masacres’. ¿Por qué utilizan ustedes tal forma de nombrarlos?

Nosotros somos indiferentes al término, realmente. Incluso, se han dado cuenta, en muchas de las entrevistas del señor Fiscal o de la suscrita, de que hemos hablado de masacres, homicidios colectivos, homicidios múltiples. O sea, no tiene la Fiscalía ningún problema en los nombres que hayan denominado otros sectores. Lo que nos interesa es el esclarecimiento.

Incluso, si vamos al Código Penal estaría mal dicho de cualquiera de esas formas. Cuando vamos ante un juez eso es un homicidio en concurso homogéneo. Básicamente, esa es la forma en la que se expresan nuestros fiscales. Lo que sí es cierto es que, independientemente de cómo se denominen, esperamos que la cifra de esclarecimientos no se caiga y que, por tanto, no sean más números, sino que dejemos de contar, lastimosamente, más muertos en el territorio nacional.