Transparencia por Colombia reportó ligera mejora en índice de percepción de corrupción

Colombia

La corporación Transparencia por Colombia presentó los resultados del Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) para el año 2023 de Transparencia Internacional, movimiento global al cual pertenece la organización. El IPC califica a 180 países con valoraciones de entre 0 y 100 puntos. Entre más bajo sea el númerjo, se refleja que la nación es percibida como muy corrupta. “Toda calificación por debajo de 50 apunta a que el país enfrenta serios problemas de corrupción”.

En el informe del 2023 Colombia registró una calificación de 40/100, mejorando un punto por encima del año 2022. Sin embargo, según el director ejecutivo de Transparencia por Colombia, Andrés Hernández, esta mejora “no implica un cambio estadísticamente significativo”.

Pese a ello, comentó el mismo director que “si tomamos en cuenta el resultado del país en el 2012, cuando se recibió un puntaje de 36/100, por primera vez se abre una expectativa de una tendencia de mejora en el indicador. No obstante, para esto “necesitamos avanzar de manera mucho más decidida en la lucha contra la corrupción en el país”.

Del total de países ranqueados, Colombia ocupa el puesto 87, ascendiéndo cuatro posiciones en relación con el 2022. Vuelve a la posición en la que se encontraba en 2021. Los países con mejor puntuación fueron Dinamarca (90), Finlandia (87), Nueva Zelanda (85), Noruega (84) y Singapur (83), mientras que los de peor puntaje fueron Somalia (11), Venezuela (13), Siria (13), Sudán del Sur (13) y Yemen (16).

Desde la óptica continental, el promedio se mantuvo en 43 puntos sobre 100 por quinto año consecutivo. Si bien los países con mejor resultado fueron Canadá (76), Uruguay (73), Barbados (69), Estados Unidos (69) y Chile (66), de los 32 países considerados por el IPC en esta región, 21 enfrentan graves problemas de corrupción. Los de peor desempeño son Venezuela (13), Nicaragua (17), Haití (17), Honduras (23) y Guatemala (23).

¿Qué se evalúa para establecer estos puntajes?

De acuerdo con Transparencia por Colombia, “las capacidades de la justicia para actuar y sancionar hechos de corrupción dentro del debido proceso son fundamentales para evitar que la corrupción prolifere. Pero la falta de independencia judicial y de sanciones efectivas, y la pérdida de confianza por parte de la ciudadanía, están fomentando la injusticia, que a su vez deja una sensación de impunidad frente a los hechos de corrupción”.

El índice de percepción evalúa a los paises sobre la base de la “percepción de la corrupción en el sector público y refleja las opiniones de expertos y encuestas de empresarios, por lo que se basa en dichas percepciones y no en experiencias directas dada la dificultad de capturar un fenómeno complejo como este. En este índice no abarca la corrupción del sector privado, ni el lavado de dinero, y los cambios de los países en esta materia pueden tardar más de un año en verse reflejados”.

Son 13 fuentes de datos las principales medidoras para el cálculo del IPC. Comportamientos corruptos en el sector público como soborno, desvío de recursos públicos, uso de cargos públicos para beneficio privado, nepotismo en el servicio civil y la captura del Estado. Algunas fuentes también hacen seguimiento a las estrategias y capacidad de los gobiernos para combatir la corrupción, ejecutar sanciones y enjuiciamientos efectivos a funcionarios corruptos, carga burocrática excesiva, existencia de leyes adecuadas sobre divulgación de información financiera, conflictos de interés, prevención y acceso a la información y protección a denunciantes, periodistas e investigadores.

Ahora bien, dado el avance de Colombia desde la corporación hicieron una serie de recomendaciones. “Es importante avanzar en la lucha contra la corrupción de forma sistémica y estructural. Estas son algunas claves: Es prioritaria la formulación e implementación de la Estrategia Nacional Anticorrupción incluida en artículo 200 del Plan Nacional de Desarrollo. Su principal reto es convertirse en política de Estado, de corto, medio y largo plazo”.

También consideran importante reconocer enfáticamente que “la corrupción no solo envuelve la pérdida de los recursos públicos, sino que tiene efectos nocivos en diversos ámbitos como el medio ambiente, deja víctimas y causa graves daños individuales y colectivos. De aquí que sea recomendable abordar la corrupción desde un enfoque más amplio que aborde su relación directa con otros delitos, la vulneración de los derechos humanos y la reparación de los daños y las víctimas”.

Por otra parte señalaron que “resulta necesario fortalecer las capacidades de la justicia y de los organismos de control para actuar ante estos casos y sancionar de manera ágil los hechos de corrupción, respetando el debido proceso. Se debe garantizar la independencia de las instancias judiciales e impedir que el abuso de poder político, el soborno y otras formas de corrupción influyan en sus decisiones. Aspecto altamente relevante que debería considerarse por parte de la Comisión de Reforma a la Justicia recientemente conformada bajo el liderazgo del gobierno nacional”.

Hablando de reformas, también indicaron que es “es prioritario que el Congreso avance en la discusión del proyecto de ley de protección a denunciantes de actos de corrupción radicado a finales del año pasado en la Cámara de Representantes, y también que se fortalezcan los canales de denuncia de corrupción”. Insisten en que “la mejora y fortalecimiento de los sistemas judiciales para investigar y sancionar la corrupción, es un punto clave para prevenir y combatir este problema”.

Finalmente, en el informe consideran que una mayor democracia es directamente proporcional con mejores puntajes en el IPC. “No obstante, apenas 24 países se encuentran dentro de una calificación óptima tanto en el tipo de régimen político que tienen, como en el puntaje IPC. Colombia es clasificado como una democracia defectuosa”.