Es inadmisible: gremios de Bolívar y Atlántico sobre licencia ambiental a Canal del Dique
Calificaron esta exigencia como un “contrasentido que no tiene explicación” si se tiene en cuenta los beneficios del proyecto
Caracol Radio
Cartagena
Ante la posición de la ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Susana Muhamad de exigir licencia ambiental para la ejecución del proyecto “Restauración de los Ecosistemas Degradados del Canal del Dique”, el Consejo Gremial de Bolívar e Intergremial Atlántico consideraron inadmisible la exigencia de una licencia ambiental cuando los requerimientos de ese tipo se pueden cumplir mediante trámites más diligentes.
“Exigir una licencia ambiental para un proyecto cuya naturaleza misma es restaurar ecosistemas degradados es un contrasentido que no tiene explicación si se consideran los beneficios que generará”, expresaron los gremios.
El Consejo Gremial de Bolívar e Intergremial Atlántico, argumentaron que el proyecto beneficiará a los dos departamentos sobre la prevención de inundaciones como las registradas en el año 2010 por el desbordamiento del Canal del Dique a raíz de las fuertes lluvias provocadas por el fenómeno de La Niña.
- Ahorro en costos de transporte de carga y disminución de emisiones de CO2 por un mayor uso del modo fluvial en lugar del carretero.
- Disminución de morbilidad en enfermedades por menores inundaciones de alto impacto.
- Recuperación del área protegida del Parque Nacional Natural Corales del Rosario y San Bernardo.
- Reducción en el impacto del agua dulce y de la sedimentación sobre el sistema de área marina protegida.
- Rehabilitación y recuperación de las formaciones coralinas y fauna asociada.
- Control de la intrusión salina y sus repercusiones en los acueductos de los municipios de la zona de influencia del Canal del Dique.
“En términos sociales, la restauración de los ecosistemas degradados del Canal del Dique constituye una oportunidad única para el desarrollo y la mejora de la calidad de vida de las comunidades que habitan en sus proximidades dado que creará 61.766 empleos directos e indirectos y dinamizará la actividad agrícola, la pesca, y el turismo sostenible en uno de los territorios del país con mayor índice de pobreza”, puntualizaron.
Los gremios hicieron un llamado al Gobierno nacional y a las distintas entidades estatales que tienen injerencia en este proyecto para que lleguen a acuerdos sobre los trámites a surtir por el concesionario, sin que ello genere retrasos en las fases de preconstrucción y construcción de las obras de infraestructura contempladas y sobrecostos que necesariamente debe asumir la Agencia Nacional de Infraestructura.
