JEP imputa a 35 exintegrantes del Ejército por 200 casos de falsos positivos en Huila
Dentro de los responsables de crímenes de guerra y lesa humanidad están cinco generales
Magistrados de la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP y el presidente de esa justicia. Cortesía
Bogotá
La Sala de Reconocimiento de Verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz imputó por crímenes de guerra y de lesa humanidad a 35 integrantes del Ejército Nacional, entre ellos cinco generales, por 200 casos de falsos positivos entre ellos 32 desapariciones forzadas, además de ocho tentativas de homicidio registrados en el Huila.
La JEP decidió imputar como máximos responsables a tres antiguos comandantes de la Brigada IX del Ejército a título de autores por omisión: Al mayor general Miguel Ernesto Pérez Guarnizo, el general (r) Jaime Alfonso Lasprilla Villamizar, quien llegó a ser comandante del Ejército Nacional y el brigadier general William Fernando Pérez Laiseca.
En el caso de los mayores generales (r) Édgar Alberto Rodríguez Sánchez y Marcos Evangelista Pinto Lizarazo, junto a los 30 comparecientes que se desempeñaron como integrantes de los pelotones, comandantes de pelotón y compañía de las cuatro unidades priorizadas, todos deben responder a título de coautores por los crímenes que se les imputan. La Sala considera que esos uniformados siguieron un acuerdo común, con división del trabajo criminal e hicieron aportes esenciales en las fases de planeación, ejecución y encubrimiento de los hechos.
Entre los argumentos probados están la sistematicidad de los casos y la evidencia de que los miliares estuvieron de acuerdo en la ejecución de un plan criminal cuya finalidad fue exhibir como resultados operacionales legítimos homicidios perpetrados en combates simulados, con el objetivo de dar una falsa sensación de seguridad a la población civil, así como alcanzar beneficios profesionales y mayor legitimidad institucional.
En la investigación del Sub-caso de falsos positivos en el Huila la Sala de Reconocimiento de Verdad observó una falla sistémica de las instituciones, militares y civiles, encargadas de la protección de la población. Los mecanismos de control disponibles fallaron o fueron insuficientes para proteger los bienes jurídicos de las personas más vulnerables. Y solo se adoptaron medidas cuando las atrocidades fueron conocidas por la opinión pública.
Tras la imputación de la JEP por estos crímenes de guerra y de lesa humanidad por 200 casos de falsos positivos los 35 militares imputados tienen 30 días hábiles para reconocer los hechos y su responsabilidad o rechazarlas. También pueden aportar más evidencia. Por su parte, las víctimas acreditadas y la Procuraduría tienen el mismo plazo para presentar sus observaciones frente a la decisión de la Jurisdicción Especial para la Paz.
