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¿En manos de quién quedará la salud de los maestros de Colombia?

Con el anuncio del presidente Gustavo Petro de detener el proceso licitatorio para los operadores de salud del Magisterio en 10 regiones, crece la preocupación sobre el futuro de este servicio de los profesores del país.

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Varias dudas rodean el futuro de la salud de los educadores de Colombia, luego de que Gustavo Petro asegurara que había encontrado una red de corrupción en el Fondo de prestaciones Sociales del Magisterio y detuviera el proceso licitatorio para los operadores de salud de los profesores en 10 zonas del país.

Una de las promesas del presidente Petro es que la salud del Magisterio fuera distinta, pero nombró en la Fiduprevisora, la entidad que se encarga de administrar los recursos del Fomag, a una persona que tiene antecedentes y varios problemas. Se trata de John Mauricio Martín, el actual presidente y quien fue posicionado en el cargo, en abril de este año, días antes de que se publicaran las condiciones de la licitación que hoy el Gobierno cree que tiene problemas de corrupción.

El presidente de la Fiduprevisora llegó al Gobierno por recomendación del Partido de la U, que ha sido cercano a políticos cordobenses como Antonio Correa, Zulema Jattin y Eleonora Pineda, ambas investigadas y condenadas por parapolítica.

Además que la periodista Laura Ardila, señala que su llegada a la Fiduprevisora tuvo que ver por recomendaciones de los representantes Saray Robayo y Wilmer Carrillo.

Lo preocupante del asunto es que desde que el Fomag abrió la invitación pública para contratar las entidades que se encargarán de la salud de muchos maestros del país, comenzaron las inconsistencias. Por ejemplo, hicieron seis modificaciones al proceso de licitación y el Gobierno tiene dudas sobre si fueron realizadas bajo la ley 80, la de contratación, y otras incógnitas están sobre la viabilidad de John Mauricio Martín para el cargo.

Otro indicio que genera preocupación, es el relacionado con la propuesta enviada por la Unión Temporal Salud Docente, que fue elaborada por personal de la Fiduprevisora, es decir por una persona del comité evaluador de las propuestas.

Sumado a esto, hay meta data que está en manos del director del Dapre, Carlos Ramón González, que parece que demostraría que una persona del comité evaluador, ayudó a una de las uniones temporales a armar la propuesta de licitación. Así las cosas, la pregunta que nos surge es ¿Por qué el gobierno de Petro nombró en la Fiduprevisora a una persona tan cuestionada desde su paso por Ferrocarriles de Colombia?.

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