Internacional

Más de 250 ONGs piden a Congreso de EE.UU. mantener ayudas a Colombia

La Cámara de Representantes de Estados unidos había decidido excluir del presupuesto para el año 2024 los recursos para Colombia.

Dinero de Estados Unidos y dinero de Colombia. Foto: Getty Images.

Dinero de Estados Unidos y dinero de Colombia. Foto: Getty Images. / DANIEL MUNOZ

Por medio de una carta, más de 250 organizaciones de Estados Unidos y Colombia pidieron al Congreso de los Estados Unidos que no cancele, prorrogue, postergue o detenga el envío de ayudas financieras a Colombia. El llamado ocurre luego de que la Cámara de Representantes decidiera excluir recursos para Colombia del presupuesto 2024.

“Le urgimos apoyar las provisiones del Senado del proyecto de ley de asignaciones del subcomité Estado, Operaciones Extranjeras para el año fiscal 2024 que brindan ayuda para apoyar la consolidación de la paz, el avance de los derechos humanos, las comunidades afrocolombianas e indígenas, y los migrantes venezolanos y las comunidades receptoras”, destaca el documento.

Esta carta tiene en cuenta que mientras la Cámara Baja aprobó por primera vez en 25 años su presupuesto 2024 sin incluir recursos para Colombia, el Senado aprobó su versión del presupuesto en la que sí se tienen en cuenta recursos por 485 millones de dólares para Colombia.

En la carta se agrega que estos recursos deben ser destinados para promover la paz y los derechos humanos y no seguir asistiendo la guerra o “esfuerzos antinarcóticos dañinos como el programa de fumigación aérea”.

Las organizaciones detallan cuáles son los programas que consideran deberían seguir recibiendo apoyo:

  • $15 millones para el programa de derechos humanos de USAID.
  • $5 millones a la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, por encima de los $3 millones incluidos en el informe del Senado.

También destacan el envío de 25 millones de dólares para programas dedicados a:

  • Ayudar comunidades y organizaciones afrocolombianas e indígenas.
  • La reintegración de combatientes a la vida civil.
  • Actividades de remoción de minas.
  • Ayudar a formalizar la titulación de tierras y devolver tierras a los desplazados internos.
  • Ayudar a los campesinos a cambiar a cultivos legales.
  • Apoyo al sistema tripartito de justicia transicional establecido después de los acuerdos de paz de 2016, incluida la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas y la Jurisdicción Especial para la Paz, así como actividades de seguimiento para compartir lecciones aprendidas e implementar recomendaciones de la Comisión de la Verdad.
  • Programas de apoyo a los derechos laborales.
  • Programas para ayudar e integrar a venezolanos y otros migrantes y refugiados mientras que al mismo tiempo ayudan a las comunidades receptoras.

En el documento concluyen destacando su respaldo a seguir condicionando el envío de ayudas para el aspecto militar y policial al cumplimiento, garantía y respeto de los derechos humanos en el país.

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