Excandidato presidencial debe pagar $62 millones por llamar “lavaperros” a veedor
Rodolfo Hernández usó palabras ofensivas en contra de Fernando Martínez en octubre de 2018 mientras recorría el parque Solón Wilches.
Redes sociales de Rodolfo Hernández
Bucaramanga
La Procuraduría General de la Nación confirmó en segunda instancia un fallo de tipo disciplinario que sancionó al exalcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández por haber tratado de manera irrespetuosa a Fernando Martínez Arenas, un habitante del barrio Sotomayor con el cual discutió en el parque Solón Wilches el 26 de octubre de 2018.
El hecho quedó grabado en un video que luego fue difundido por redes sociales. En las imágenes, el entonces alcalde de la capital de Santander usa varios epítetos en contra de su interlocutor. Martínez Arenas se había convertido en un permanente crítico de sus actuaciones; durante el encuentro, Hernández lo llamó “lavaperros de la politiquería”.
Días después del enfrentamiento verbal, la Procuraduría Primer Delegada para la Vigilancia Administrativa abrió investigación de oficio contra el mandatario; el ofendido también presentó una queja en la Procuraduría Departamental de Santander. El 26 de mayo de 2020, el organismo falló en primera instancia en contra del alcalde. Lo declaró disciplinariamente responsable de la comisión de una falta grave dolosa. En consecuencia le impuso una sanción de suspensión e inhabilidad especial por el término de 5 meses convertidos a salarios mínimos legales vigentes. Eso representaba en dinero $77 millones 564 mil.
En junio de ese año, el sancionado impugnó la decisión. Ahora, en el fallo de segunda instancia, la Procuraduría recuerda que “los mandatarios deben establecer una comunicación abierta y transparente con los ciudadanos, escuchando sus preocupaciones, necesidades y opiniones de manera receptiva. Esto implica brindar información clara y accesible, explicar las decisiones políticas de manera comprensible , y estar dispuestos a recibir retroalimentación y críticas, pues ello hace parte del debido ejercicio del cargo asignado a un servidor público”.
El cambio sustancial entre el fallo de primera instancia y el más reciente es que hay una modificación de la sanción impuesta al dicsiplinado; se reconoce la presencia de una causal de agravación “por la que es procedente imponer 4 meses de suspensión e inhabilidad especial que se convierten en cuatro salarios mínimos legales mensuales vigentes para la epoca de los hechos lo cual equivale a $62 millones 51 mil”.
El fallo está firmado por Andrea Nataly Bermúdez Sánchez y Carlos Humberto García Parrado, procuradores delegados. El organismo advierte que “la ejecutoria y ejecución de la decisión queda suspendida por involucrar a un servidor público de elección popular hasta que el Consejo de Estado se pronuncie sobre la misma”.
Rodolfo Hernández es hoy uno de los 9 candidatos a la gobernación de Santander.
