Despojo de fincas, cobro por cargas de café y reclutamiento forzado en Betulia y Anzá

Antioquia

El conflicto armado en Antioquia transita por las subregiones sin un control contundente de parte de las autoridades locales, regionales y nacionales. Aunque cada territorio tiene su propia dinámica, éstas siempre afectan a las comunidades, especialmente rurales.

La reciente denuncia tiene como escenarios los municipios de Betulia ubicado en el Suroeste de Antioquia y Anzá en el Occidente. Allí según denuncias de las comunidades hechas a Caracol Radio involucran a las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) o Clan del Golfo en varias veredas. El pasado lunes 24 de julio el grupo ilegal hizo dos reuniones a las que tuvo que asistir la población campesina; la primera se efectuó en la escuela de la de vereda Monteredondo a las 10 am y la segunda en la vereda Choclina, estos caseríos son del municipio de Anzá, pero están muy cerca de Altamira, un caserío de Betulia.

Según el relato de un campesino que por obvias razones prefiere que se omita su identidad, los ilegales les exigieron a los finqueros que debían entregar el listado de los trabajadores que llegarán a la zona a trabajar durante la cosecha cafetera, también les exigieron una cantidad exacta de dinero por carga del grano comercializado, todo bajo intimidación.

“Nos están haciendo muchas advertencias, una de ellas, es que hay que pagar 50 mil pesos por carga de café vendida. Que hay que ir sí o sí a los convites de los arreglos de carretera y para el que no vaya la multa es de 2 millones de pesos, y que, sí es frecuente la no asistencia, ellos dicen que van a matar a unos dos o tres campesinos para que los demás cojan escarmiento. Los jóvenes se están viendo muy acosados por esa gente porque les están diciendo que ellos deben estar en los grupos armados, o sea el reclutamiento forzado que llaman”.

Por esta reciente situación de intimidación a las comunidades ya conocida por las autoridades locales, citaron a un consejo de seguridad para éste miércoles en Anzá dónde analizarán las estrategias de protección, aunque la misma comunidad ya no cree en estas reuniones porque dicen, no pasa nada una vez terminan.

“Siempre que llaman a los alcaldes a preguntar si algo pasa en el municipio, ellos dicen que no pasa nada, porque tienen más miedo que los campesinos. Es lamentable porque ellos tienen que responder por todo el campesinado”.

Las intimidaciones en estas zonas rurales son frecuentes ya que utilizan ese corredor entre las poblaciones de Betulia y Anzá para poder movilizarse en motocicletas.

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Betulia

La situación en Betulia no es diferente a lo expuesto en la denuncia del municipio de Anzá. En esta población la problemática también es muy compleja por el despojo de tierras, el desplazamiento forzado, el reclutamiento forzado y las reuniones a las que deben asistir sin excusa alguna. Todas estas acciones intimidantes estarían siendo lideradas por el cabecilla principal de las (AGC) en esa población conocido con el alias de “JJ” quién ya está identificado por las autoridades, según otro campesino de esa población al que también se le omitirá la identidad.

“Por eso ha salido mucha gente de estas veredas y están desplazados de allá, porque no pueden decir absolutamente nada, y a uno le parece raro que esa gente haga de las suyas y no pase absolutamente nada. Las autoridades saben de todo este tema que está pasando en el municipio”.

El entrevistado quien es desplazado de Betulia por amenazas del cabecilla alias JJ”, asegura que su finca ya está en manos de gente ordenada por este presunto ilegal y explica el modus operandi.

“El despoja y amenaza a los finqueros para que abandonen y entreguen las tierras cafeteras de estos municipios. Les dicen que se tienen que ir, porque si no ellos ya saben qué es lo que les pasa. Amenazan con la familia, con los hijos y les dan uno o dos días para que salgan”.

Asegura que esta persona y sus secuaces se mueven libremente por el territorio, incluso en locales comerciales del área urbana de Betulia y, aunque las autoridades lo tienen identificado, esta persona sigue intimidando a la población civil, recalca la fuente.

“Se mantienen en la cabecera municipal allá toman trago, toman tinto y no pasa nada. Yo me pregunto dónde están las autoridades porque nosotros tenemos un abandono del Estado, porque eso se llama así”.

También relata cuales son los recorridos de los ilegales en Concordia, indica que esta información también ya está en manos de las autoridades hace un par de meses y la sensación que tienen los campesinos es que no quieren actuar.

“Están cogiendo mucha fuerza en el municipio, no solamente en el municipio de Betulia, sino en el municipio de Concordia, a este municipio ya están llegando también a establecer rutas y se mantienen desde la vereda Yarumal hasta la vereda El Socorro patrullando y diciendo que ellos se van a quedar allá y muchos campesinos han denunciado, están allí están allá y no pasa nada”.

Pero tal parece que las extorsiones e intimidaciones no son solo para las comunidades, sino también para los contratistas, que según el denunciante han obligado a parar algunas obras, pero desconoce si la extorsión fue pagada, pero que por fortuna las obras se han reactivado.

“Placa huellas, proyectos grandes del municipio y que inclusive los tiene las JAC. A los contratistas los amenazan y los boletean pidiéndoles plata, los han hecho ir lo que ha generado que se demoren mucho tiempo trabajando o seguir el proyecto por la exigencia de plata”.

En cuanto a los desplazados, indican que los han dejado solos y abandonados en Medellín a su suerte, aseguran que no reciben ayudas y ellos lo único que saben hacer es labrar el campo, el mismo campo que los ilegales le han arrebatado.

“Y uno por aquí no sabe hacer nada y nosotros necesitamos saber el Estado que va a hacer con nosotros porque tienen que tener la seguridad de cada campesino, porque nosotros somos los que trabajamos la tierra, nosotros en Medellín no sabemos hacer más nada y por el contrario los grupos armados nos sacan de allá”.

Finalmente, los entrevistados se quejan del manejo que las autoridades le están dando a las denuncias que valientemente hacen, incluso exponiendo sus vidas y que esa situación lo que genera es que el campesino se desmotive y prefiera el silencio, que es lo contrario de lo que quiere la fuerza pública y es que ellos pretenden que los campesinos denuncian, pero indican no hay garantías y en la mayoría de los casos buscan a medios de comunicación como Caracol Radio para evidenciar esta realidad.

“Es que a uno sí le preocupa mucho eso, porque desde el gobierno le dicen a uno que denuncie. Nosotros llegamos a la ciudad y hacemos las denuncias a las instituciones más altas estatales y eso termina bajando, supuestamente por competencia al punto de que el comandante de la policía del municipio tiene conocimiento de eso, entonces, a nosotros sí nos preocupa mucho, porque no hay una confianza porque eso pone mucho más en riesgo la vida de nosotros aquí”.

Aseveran que como en muchas otras zonas de Antioquia las AGC en estas poblaciones antes mencionadas se han convertido en los “inspectores de policía” ya que son los que dirimen los conflictos familiares, de linderos, entre otros, todo bajo amenaza y ante esto según los denunciantes, ante la ausencia de autoridades en la ruralidad.

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