Los grandes líos de exgobernadores con dineros irregulares

Se acercan las Elecciones Territoriales 2023, jornada en la que se definirán los nuevos gobernadores, alcaldes, concejales y demás autoridades territoriales que asumirán estos cargos de elección popular para el periodo 2024 - 2027 y, en Caracol Radio, recopilamos los casos de corrupción más recientes que involucran a exgobernadores de distintas regiones del país con contratos irregulares, financistas oscuros, enriquecimiento ilícito, entre otros.

Este es un recorrido por los departamentos del país y los escándalos más sonados de algunos de sus exgobernadores, pues, no es un secreto que la elección popular de gobernadores ha dejado un saldo de enriquecimiento ilícito de políticos y exfuncionarios y a cambio, pocas proyectos para las poblaciones vulnerable de estas regiones.

Máximo Noriega: una ficha escondida en la campaña presidencial de Petro

Máximo Noriega, quien fue precandidato a la Gobernación del Atlántico en las elecciones interna de la Colombia Humana, ha generado bastante rechazo tras verse implicado en el caso de Nicolás Petro.

En sus declaraciones, Day Vásquez, expareja de Nicolás Petro, indicó que Noriega le habría entregado 600 millones a Nicolás Petro en efectivo también para la campaña de su papá. Contó además que Noriega habría sido el receptor de $1.000 millones provenientes de “El hombre Malboro”, y Alfonso “El Turco” Hilsaca Eljaude. Este dinero que debía ingresar a la campaña de Petro Presidente, según Vásquez, se la habría quedado su expareja.

Noriega, durante casi dos años, fue contratista para asesorar a Nicolás Petro en temas financieros. Además, tal como reveló Cuestión Pública, Noriega junto con su esposa, Verónica Patiño, aportaron $45 millones a la misma, casi la cuarta parte del dinero recaudado.

Los cuantiosos contratos de Noriega en el Gobierno

Los contratos son del 2020, 2021, y dos del 2022, todos para asesoría financiera al diputado Nicolás Petro. Solo en el contrato del 2020, Noriega, firmó un contrato por 50 millones de pesos por un periodo de 10 meses.

El último lo firmó por 18 millones de pesos y también firmó una cesión de este contrato. Desde la Asamblea informaron que esta cesión se firmó para que Noriega no fuera inhabilitado para su precandidatura a la Gobernación del Atlántico.

La trayectoria política de Noriega con el Gobierno comenzó desde el 2010, cuando acompañó la primera candidatura de Gustavo Petro a la presidencia como gerente de campaña en el Atlántico. Un año después, fue propuesto por Petro como candidato a la Alcaldía de Barranquilla por el recién creado Movimiento Progresistas.

Ante los señalamientos, Noriega declaró ante la Procuraduría insistiendo en que se trataba de una serie de calumnias y de imprecisiones premeditadas para hacer daño político”. Noriega envió una carta a la Fiscalía General pidiendo esclarecer los hechos y a su vez, dijo que no iba a desistir de su precandidatura a la Gobernación del Atlántico.

Los exgobernadores Cotes

En febrero de este año, la Fiscalía General de la Nación imputó cargos a los exgobernadores Rosa Cotes y Luis Miguel ‘el Mello’ Cotes, investigados por el denominado caso “Robo del Magdalena” por el extravío de más de $73 mil millones de los recursos públicos entre los años 2013 y 2019.

A los dos exgobernadores les imputaron los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación en favor de terceros.

n el caso del exgobernador Miguel Cotes, la Fiscalía dice que hay evidencia que durante su mandato se produjo un peculado por más de $28.400 millones.

Y la exgobernadora Rosa Cotes de Zúñiga, la Fiscalía atribuye que durante su gobierno se registró un peculado por más de $47.900 millones.

Ambos casos están relacionados con contratos irregulares la ‘Vía de la Prosperidad’ que pasó de ser un corredor de 52 kilómetros a un proyecto de18 kilómetros.

Rosa María Cotes, sucesora de Cotes Habeych en 2016-2019, además celebró, “de manera directa y sin concurso de méritos”, tres contratos para la implementación de las normas internacionales de contabilidad, por valor de 1.023 millones de pesos (unos 212.000 dólares), indicó la Fiscalía.

Exgobernador de La Guajira, Juan Francisco ‘Kiko’ Gómez Cerchar

Otro de los exgobernadores salpicados en casos judiciales es ‘Kiko’ Gómez, quien cumple una condena de 55 años de prisión por su participación en el asesinato de la exalcaldesa de Barrancas (La Guajira), Yandra Brito; su esposo, Herny Ustáriz y el conductor de la familia, Wilfredo Fonseca.

En este caso se determinó que el exmandatario era el determinador de este triple homicidio, dándole órdenes directas a la banda criminal de Marquitos Figueroa.

También tiene una condena de 40 años de cárcel por los asesinatos de Luis López Peralta, concejal de Barrancas; Luis Rodríguez Frías y Rosa Mercedes Cabrera, el primero perpetrado el 22 de febrero de 1997 y los otros el 7 de julio del año 2000.

Wilmer Guerrero, un alfil político del Partido Liberal

En marzo de 2023, integrantes de la Policía Nacional de Norte de Santander detuvieron a Wilmer Guerrero, entonces candidato a la Cámara de Representantes por el Partido Liberal, cuando se movilizaba con una gran cantidad de suma de dinero en el municipio de Ocaña.

La labor de las autoridades se desarrolló en el barrio El Carretero, donde encontraron 200 millones de pesos al interior de su camioneta. Inicialmente, Guerrero no pudo justificar la procedencia del dinero.

Luego de su detención, Guerrero fue trasladado a la sede de la Fiscalía, en donde deberá explicar la procedencia y destino de esa plata durante el proceso electoral. El político nortesantandereano sería investigado por el delito de lavado de activos.

A través de un comunicado, la campaña de Wilmer Guerrero informó que: “El candidato se desplazaba por una vía urbana del municipio de Ocaña, rumbo a hacer una consignación de recursos de campaña a la cuenta de Bancolombia vinculada a Cuentas Claras (plataforma oficial para el registro de ingresos y egresos de recursos de campaña)”, fue abordado por la Policía Nacional en un puesto de registro y control”.

En 2015, este político llegó a la Asamblea avalado por La U y también se lanzó infructuosamente en 2019 a la alcaldía de Ocaña. Con 35.491 votos, un total de 6,40 % de toda la votación, el representante quedó elegido para conformar la Cámara en el periodo 2022-2026.

Mario Castaño y su estructura criminal de corrupción

Mario Castaño aceptó pertenecer a una red criminal que compraba contratos y que involucra varios servidores públicos. El exsenador del Partido Liberal aceptó cargos por 19 delitos ante la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia.

El excongresista aceptó cargos por los delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación, concusión y estafa agravada y evitar un juicio en su contra ante la Corte Suprema de Justicia.

Ante esta sala del tribunal, Castaño aceptó ser parte de una red de corrupción que compraba contratos a cambio de importantes sumas de dinero y que, hasta el momento, tiene a 33 personas en procesos judiciales, entre los cuales resaltan alcaldes, exalcaldes y contratistas. De acuerdo con la pesquisa adelantada por la Fiscalía en contra del senador y los funcionarios públicos pertenecientes a esa red criminal, se determinó que los contratos irregulares sumaron más de $43.000 millones.

Un delito más para la lista de Castaño

En marzo del presente año, se conoció que La Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia abrió una nueva investigación formal contra el exsenador Mario Alberto Castaño Pérez por el presunto delito de enriquecimiento ilícito de servidor público.

El alto tribunal investiga un supuesto incremento injustificado del patrimonio del excongresista cuando fue representante a la Cámara en el periodo entre 2014 y 2018.

Joaquín Marchena, exrepresentante vinculado a la red de corrupción de Castaño

Se trata de José Joaquín Marchena, exrepresentante de Arauca, a quien la Corte Suprema le abrió una investigación por haber financiado su campaña de forma ilegal con la red de corrupción manejada por el exsenador Mario Castaño.

La Sala Especial de Instrucción abrió la investigación a Marchena por los supuestos delitos de financiación de campañas electorales con fuentes prohibidas, falsedad y fraude procesal. Estos hechos se habrían presentado en 2022 durante la campaña electoral en la que el exrepresentante buscaba mantener su curul en la Cámara.

Según las investigaciones que la Fiscalía le entregó a la Corte Suprema, la red de corrupción de Castaño llegó a operar en los departamentos de Chocó, Cauca, Valle del Cauca, Caldas, Tolima y Risaralda.

Por ahora, tanto el exrepresentante como el exsenador están en manos de la Corte Suprema que tendrá que investigar a Marchena y continuar la investigación para buscar a otros congresistas que hayan resultado salpicados con los dineros irregulares de Castaño.

Exgobernadores del Guanía en red de macrocrimininalidad

La Corte Suprema de Justicia avaló un preacuerdo logrado por la Fiscalía General de la Nación con los exgobernadores del Guianía Óscar Armando Rodríguez Sánchez y Javier Eliécer Zapata Parrado. Los condenados aceptaron devolver al departamento 14.794′564.100 pesos.

La Fiscalía calificó el hecho como “sin precedentes”, la pena de prisión para Rodríguez Sánchez quedó en 11 años y tres meses; mientras que al de Zapata es de nueve años y un mes.

El preacuerdo estableció que Zapata Parrado retornará 5.033′435.982 pesos a las arcas del Guainía. El ente acusador informó que ya ha contribuido con 3.838 millones, efectivos por medio de la transferencia de un bien. Rodríguez ha devuelto 6.219 millones, de los 9.761′128.118 a los que está comprometido.

Entre ambos políticos aceptaron un total de 128 eventos delictivos, entre los que se encuentran concierto para delinquir agravado, peculados por apropiación en favor de terceros, celebración indebida de contratos, cohecho, corrupción de sufragante y fraude procesal, entre otros.

El ente acusador explicó que ambos mandatarios habían generado una red de macrocrimininalidad, actuando en clara contra vía de su mandato constitucional.

Según la Fiscalía, al llegar a la gobernación, Rodríguez Sánchez creó varías empresas cuya titularidad quedó en cabeza de conocidos y familiares suyos, los cuales se beneficiaban con contratos para acueductos, proyectos de saneamiento básico (comunidades indígenas) y poblaciones vulnerables. Al llegar Zapata Parrado al poder dio continuidad al entramado de contratos generado por su antecesor.

***Espere en Caracol Radio una próxima entrega los grandes casos de corrupción que involucran a excongresistas y funcionarios públicos con altas sumas de dinero en efectivo de procedencia irregular***.