Fiscalía sobre tráfico de armas: “En las FF.MM se protegen entre ellos”

Bogotá D.C.

Caracol Radio tuvo acceso a la audiencia donde la Fiscalía solicitó ante un juez de Cali la medida de aseguramiento para siete capturados por presunto tráfico de armas en el Ejército Nacional que, según las investigaciones, estaba al servicio de las disidencias FARC en Nariño.

La fiscal del caso, María Isabel Zamara, expuso durante más de cuatro horas las pruebas contra cuatro militares activos, uno retirado y dos civiles quienes, entre 2019 y 2021, habrían vendido a ese grupo armado municiones y granadas que fueron robadas del Ejército Nacional, generándole un detrimento patrimonial superior a los 600 millones de pesos.

El principal ‘cerebro’ de la red criminal sería presuntamente el sargento segundo Eduardo Alexis Duarte, quien para la época de los hechos era el almacenista de armamento de la Tercera Brigada del Ejército Nacional, ubicada en Cali.

En la audiencia, la fiscal Zamara alertó que Duarte fue trasladado a otras unidades militares para presuntamente ejercer las mismas funciones, a pesar de que en 2020 había sido vinculado a una investigación por presuntamente vender material de guerra a terroristas.

De hecho, la Inspección del Ejército también le había abierto un proceso disciplinario por el hallazgo en el puerto de Buenaventura de 5.000 cartuchos de Indumil que supuestamente tenían como destino a la estructura ‘Oliver Sinisterra’, en Nariño.

“Eduardo Alexis Duarte, siendo almacenista de la Tercera Brigada y luego de que en el 2020 se presentara ese hallazgo en Buenaventura, fue trasladado como almacenista a otras brigadas. Él está vinculado al Ejército Nacional y sigue ejerciendo las mismas funciones”, advirtió la fiscal.

La funcionaria lamentó que no se hayan iniciado investigaciones en otros batallones donde estuvo Duarte, que según dijo, serían siete. “Nos demoramos más de dos años en esta investigación en la Tercera Brigada. Ha sido muy difícil porque en las Fuerzas Militares se protegen entre ellos”, indicó.

La fiscal Zamara además señaló que los procesados intentaron obstruir las investigaciones. “Por eso se nos ha vuelto tan difícil obtener material probatorio, porque desaparecen al interior del Ejército la documentación y los libros de radicación. Pensaron que desapareciendo, escondiendo y falsificando no nos íbamos a dar cuenta”, aseguró.

Calificó además como gravísimo que el sargento Duarte haya continuado trabajando en otras unidades militares pese a los señalamientos en su contra. “¡Imagínese donde investigamos los otros batallones! Por ahora, nos permite establecer que convirtieron esto (la red de tráfico de armas) en una forma de vida y en un negocio que venían realizando desde antes”, manifestó la fiscal.

Caracol Radio consultó al Ejército Nacional y pudo establecer que Duarte, después de la Tercera Brigada, fue trasladado al batallón de Juanambú en 2020, en el Caquetá, y luego al Comando de Apoyo Logístico, en Bogotá, a finales del 2022.

Desde la Décima Segunda Brigada del Ejército negaron en Caracol Radio que Duarte haya sido almacenista de armamento durante los dos años que estuvo en el batallón Juanambú. Según manifestaron, ya se tenía conocimiento de los procesos en su contra cuando estaba en Cali.

Además, confirmaron que el sargento apoyó el Régimen Interno de la Compañía de Instrucción y Reemplazos y también hizo parte del Comité de Incorporación. Asimismo, Duarte presentó una incapacidad médica por problemas siquiátricos, por lo que, según dijeron desde la Décima Segunda Brigada, no le fueron asignadas tareas relacionadas con armamento.

En cuanto al Comando de Apoyo Logístico, Caracol Radio pudo conocer que Duarte no alcanzó a desempeñar ningún cargo administrativo, pero estaba recibiendo una capacitación para visualizar y verificar las operaciones logísticas de los diferentes almacenes de la unidad.

De hecho, ese sargento fue capturado en la Escuela de Artillería ‘General Carlos Julio Gil Colorado’, en el sur de Bogotá. Las autoridades le incautaron un teléfono celular, dos SIM-CARD y un computador portátil, material que está siendo analizado por los investigadores.

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Por otro lado, en la audiencia, la fiscal Zamara aseguró que hay personal retirado que, desde afuera de las instituciones, “siguen corrompiendo a otros soldados para conseguir la munición”, refiriéndose al sargento primero (r) Jhonny Moreno, el principal cliente de la supuesta red corrupta.

Para la fiscal, estas personas estaban fomentado los crímenes de los grupos armados residuales. “Con esta actividad delictiva, me parece, se faltó de todo sentido moral porque son sus compañeros los que están poniendo el pecho. ¿Cuántos soldados murieron por esa munición que ustedes robaron?”, dijo en la audiencia.

Por último, alertó que no es la única investigación por redes de tráfico de armas. En la Unidad Especializada de Cali de la Fiscalía hay más procesos de esta naturaleza.

En las audiencias que conoció Caracol Radio, un juez de la capital del Valle decidió imponer medida de aseguramiento intramural al sargento retirado Johnny Moreno, al sargento segundo activo Eduardo Alexis Duarte, a los soldados Diego Salinas y Edgar Bañol, y al joven civil de 25 años Eduardo Molina Obando.

Para Eduardo Molina Berrio le concedió la detención domiciliaria (mismo lugar donde según la Fiscalía se recibía la munición robada al Ejército) y dejó en libertad al soldado Andrés Giovanny Solarte, al considerar que las pruebas que presentó la Fiscalía en las audiencias no fueron suficientes. Sin embargo, fuentes le dijeron a Caracol Radio que sigue vinculado a la investigación.