Cayó posible red corrupta de contratación de combustible en el Ejército
Uno de los hechos investigados ocurrió a finales del 2020 en el Valle del Cauca.
Imagen de referencia. Crédito: Colprensa.
Bogotá D.C.
En una labor de contrainteligencia militar este jueves, fueron capturados cinco militares activos y dos civiles, por los delitos de peculado por apropiación e interés indebido en la celebración de contratos.
Se trata del Teniente Coronel Rafael Ignacio Sosa Gil, el Mayor Walter Andrés Clavijo Navarro y los sargentos Víctor Alfonso Luna Galindo, Whender Esthid Pérez Quintero y Víctor luna Galindo
La operación fue realizada por la Dijin de la Policía y Fiscalía General en Cali y Zarzal, Valle del Cauca; Bogotá; Cúcuta, Norte de Santander, y Medellín, Antioquia. De acuerdo con las investigaciones, los capturados estarían vinculados con presuntas irregularidades en la administración del rubro de combustible.
“Estos resultados se obtienen desde la colaboración armónica entre las instituciones y las capacidades con las que cuenta el Ejército Nacional, a través de las labores de contrainteligencia que se llevan a cabo de forma permanente, ceñidos a la política de transparencia y cero tolerancia con la corrupción”, aseguró el Ejército Nacional.
Los hechos investigados están relacionados con presuntas irregularidades en el trámite, ejecución y liquidación del contrato para el suministro de combustible, grasas y lubricantes para un batallón de Zarzal, celebrado entre la alcaldía y una sociedad, al parecer, para ejecutar en diciembre de 2020, y del que presuntamente se ejecutó solamente el 40%.
Sin embargo, se liquidaría y efectuaría el cobro total del mismo de recursos asignados del FONSET. Posterior a ello, las investigaciones indican que continuarían formalizando los tanqueos de los vehículos de manera irregular sin tener respaldo presupuestal, terminado así el abastecimiento de combustible en el mes de abril de 2021.
De esta manera, se presentaron consumos irregulares de gasolina corriente cuando lo estipulado era Diesel, tanqueo de vehículos no oficiales y suministro de artículos como aceite para motocicletas dos tiempos.
Igualmente se tiene que posterior al momento en el que la Fiscalía General realiza la primera inspección judicial se alterarían documentos del contrato, se falsificarían facturas y colocarían a firmar a conductores con el fin de acreditar supuestos consumos de combustible.
Uno de los contratos cuestionados por las autoridades fue celebrado en diciembre de 2020 entre la alcaldía del municipio de Zarzal y el Batallón de Instrucción y Entrenamiento N° 3, por un valor de apenas seis millones de pesos.
Al parecer, ese contrato pretendía que la alcaldía suministrara más de 600 galones de ACPM y 28 cuartos de aceite a las unidades del Ejército Nacional que apoyaban en diferentes acciones de las autoridades locales para frenar, en ese entonces, los contagios del COVID-19.
El problema sería que ese contrato no fue documentado o registrado en la vigencia correspondiente. En su momento, los militares involucrados explicaron que pudo haber sido por desconocimiento de la norma o un error humano y no se tuvo en cuenta el cierre fiscal de las cuentas de los almacenes del Ejército.
“La institución seguirá facilitando todo el apoyo necesario a las autoridades judiciales competentes, puesto que la investigación continúa en curso y goza de reserva legal; de igual forma, se dará inicio a las indagaciones disciplinarias internas a que haya lugar”, enfatizó el Ejército Nacional.
