Internacional

ONU pide reforma de UNP tras aumento de asesinatos de defensores en Colombia

La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU en Colombia advirtió que, en 2022, hubo 116 homicidios de defensores y 92 masacres con 321 víctimas.

Miembros de Naciones Unidas en territorios de Colombia. 
(Foto: JUAN BARRETO/AFP via Getty Images)

Miembros de Naciones Unidas en territorios de Colombia. (Foto: JUAN BARRETO/AFP via Getty Images) / JUAN BARRETO

Colombia

La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas en Colombia presentó su Informe Anual 2022 en el que advierte que la situación de violencia en el país por cuenta de asesinatos, masacres, desplazamientos y confinamientos que aumentaron en comparación al 2021.

El informe, presentado por Juliette De Rivero, representante de esta oficina en Colombia, confirmó que en 2022 verificaron 92 masacres que dejaron 321 víctimas (270 hombres, 30 mujeres y 21 menores) y el asesinato de 116 defensores de derechos humanos (107 hombres, 9 mujeres) principalmente en Arauca, Cauca, Nariño y Putumayo.

En cuanto a la situación de desplazamiento y confinamiento, la Oficina toma los datos de la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) que registró el desplazamiento de 82.862 personas y el confinamiento de 102.395 personas, ambos hechos se registraron principalmente en Cauca, Arauca, Chocó y Nariño.

Mapa de los departamentos con mayores violaciones de derechos humanos registradas en 2022. (Foto: Cortesía Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas en Colombia).

Solicitud de reforma

Bajo la situación de aumento en las cifras de masacres y asesinato de defensores se recomendó “la reforma completa de la Unidad Nacional de Protección con la participación de la sociedad civil y de la Oficina de la ONU de los derechos humanos. Saludamos los esfuerzos iniciales de su actual director para limpiar la institución de corrupción”.

Drogas y negociaciones

Se destacó la política de paz total por su compromiso con fortalecer la implementación del Acuerdo de Paz de 2016 que “atiende las causas estructurales de la violencia y la conflictividad en Colombia (…) y propone medidas para que el Estado llegue a los territorios y hoy en día estamos viendo en Caquetá la importancia de estar en los territorios”.

En el informe se resalta la propuesta de cambiar la política antidrogas por tener “un enfoque menos punitivo, más social y de salud pública. Es importante que el gobierno se haya distanciado de una política que a veces generaba más violencia contra las poblaciones más vulnerables”.

Aun así, piden al Estado colombiano “adoptar e implementar una política de desmantelamiento de organizaciones criminales y un plan de acción para la comisión nacional de garantías que tome en cuenta las recomendaciones de la comisión de la verdad y cumpla las obligaciones internacionales de Colombia en materia de derechos humanos”.

Sobre las negociaciones enmarcadas en la paz total se pidió “incluir las poblaciones afectadas y a las mujeres, estamos con toda la disponibilidad de asesorar en derechos humanos. Dada la urgencia de la situación en los territorios, el primer objetivo de las negociaciones debe ser des-escalar la violencia y mitigar sus impactos”.

Otras recomendaciones

La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas:

  • Urge a los grupos armados no estatales a respetar irrestrictamente los derechos humanos y, cuando sea aplicable, el derecho internacional humanitario.
  • Insta a fortalecer la participación de las comunidades en la implementación de la reforma rural.
  • Llama al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y a la Agencia Nacional de Tierras a generar un programa de acceso prioritario de mujeres campesinas a la tierra.
  • Insta al Estado a incorporar en las políticas públicas existentes y futuras las recomendaciones de la Comisión de la Verdad.
  • Adoptar e implementar una política pública de desmantelamiento de organizaciones criminales.
  • Avanzar en la reforma del sector de seguridad con una nueva política de seguridad humana para cambiar la doctrina militar y de la policía.

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