Superfinanciera adoptó medida cautelar administrativa a captadora ilegal de Boyacá
La captadora habría estafado alrededor de 900 personas de 2 municipios de Boyacá.
Alianza constructora e inmobiliaria Orión / Cortesía
Tunja
Javier Ricardo Álvarez, abogado defensor de las víctimas de las captadoras de dinero que se camuflaban a través de la empresa Orión Alianza Constructora e Inmobiliaria SAS, afirmó que la Superintendencia Financiera de Colombia tomó medidas frente al caso, teniendo en cuenta que dicha inmobiliaria habría estafado al menos a 400 personas del municipio de Sogamoso y alrededor de 500 de Chiquinquirá.
“La Superintendencia financiera de Colombia emitió la resolución número 0181 de 2023, con fecha de 9 de febrero, que solo fue publicada hasta el día de hoy, por medio de la cual se adopta una medida cautelar administrativa por captación no autorizada de recursos del público respecto de la sociedad Orión Alianza Constructora e Inmobiliaria SAS, representada por el señor Mario Alejandro Flechas Chaparro”, expresó el abogado defensor.
La superintendente delegada para el consumidor financiero en una decisión que tiene en su parte resolutiva 12 artículos resuelve en el primer, ordenar a la inmobiliaria, “suspender inmediatamente las actividades que constituyen captación o recaudo no autorizado, y además dicta unas medidas cautelares suspendiendo y embargando cuentas inmuebles y vehículos, oficiándole a las diferentes autoridades que tienen que ver con ese tipo de trámites”, afirmó Javier Ricardo Álvarez.
Álvarez agregó que estas medidas benefician a las víctimas teniendo en cuenta que se dio orden de traslado a la Fiscalía General de la Nación, para que se apoye con la información suministrada por la Superfinanciera y las denuncias que habían sido realizadas en la Fiscalía seccional Boyacá; de esta manera continuará el proceso.
“Ya se están realizando las comunicaciones con entidades bancarias, las oficinas de registro de instrumentos públicos para tratar de retenerle los bienes, los capitales y en general conseguir una garantía para reparar a las víctimas y tratar de devolverles sus dineros que fueron entregados y al final defraudados por esta captadora ilegal”, puntualizó Álvarez.
