Ordenan modificar protocolos de seguridad de inspección en La Picota
Esto con ocasión de una acción de tutela en la que pedían protección por el hacinamiento, malas condiciones de salubridad, escasa alimentación y malos tratos en las requisas.
Operativo de registro y control en el pabellón de extraditables de la cárcel La Picota de Bogotá
En total fueron 36 privados de la libertad que exigieron a la cárcel La Picota cumplir con sus derechos fundamentales, y es que recordaron que debido a que en materia carcelaria y penitenciaria existe un Estado de Cosas Inconstitucional declarado en las sentencias T-388 de 2013 y T-762 de 2015 y su extensión a los Centros de Detención Transitoria declarado en la Sentencia SU-122 de 2022, la Sala decidió atenerse a lo ordenado en el marco de dicho ECI.
Por eso la Sala decidió proteger estos derechos en especial, frente a la alimentación, “La principal afectación a las cantidades de las porciones de alimentos recibidas por las PPL se materializa en la problemática generada desde el momento que estas son liberadas por este operador en el servicio de alimentos hasta el punto de distribución o entrega final a los internos, pues es en este lapso donde las raciones están expuestas a saqueos por parte de terceros ajenos al servicio y en donde brilla por su ausencia la seguridad brindada por la guardia del establecimiento”.
En el tema de hacinamiento y salubridad, se ordenó al INPEC y a la Dirección de la cárcel La Picota que adelanten investigaciones sobre el presunto cobro para la asignación de celdas y que adopte un plan para mejorar la higiene del penal y controlar la presencia de roedores e insectos.
Frente a las denuncias de tratos crueles e inhumanos, se otorgó 15 días al INPEC y a la Dirección de La Picota para que modifiquen el protocolo de seguridad para los procedimientos de inspecciones, y se advierta que las requisas intrusivas se encuentran constitucionalmente prohibidas.
Y finalmente para el tema de los obstáculos en el trámite de derechos de petición, se ordenó al INPEC y al centro de reclusión que capaciten a la guardia y a las PPL sobre los procedimientos para radicar peticiones.
