Defensoría pide garantías para funcionarios que trabajan en zonas de conflicto

Bogotá

Ante el cierre temporal de la oficina de la Fiscalía en el municipio de Tarazá, Antioquia, tras el secuestro de tres fiscales, la Defensoría del Pueblo pidió garantías urgentes porque no solo son los funcionarios los que están en riesgo sino las comunidades que están afectadas gravemente por grupos armados que dicen estar en un cese al fuego bilateral con el gobierno. Así lo explica el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo.

“Desde la Defensoría del Pueblo hacemos un llamado al Gobierno Nacional para que fortalezca la presencia institucional y las actividades que permitan garantizar la seguridad de los ciudadanos, y de manera especial de los funcionarios públicos que trabajan en los territorios donde las acciones de los grupos armados ilegales generan temor en las comunidades”.

Recordemos que los cuatro grupos armados que se supone están en cese al fuego bilateral son: la Segunda Marquetalia, El Estado Mayor Central, Las Autodefensas Gaitanistas de Colombia y las Autodefensas de la Sierra Nevada.

La Defensoría pide un cumplimiento real a sus compromisos para que las comunidades no se sigan viendo afectadas ante la disputa de estos grupos armados ilegales.