Gobierno revela que 587 menores fueron víctimas de violencia sexual en Guaviare
El Gobierno inició procesos de revisión disciplinaria en la región del Guaviare del ICBF por “posible omisión de situaciones y oportunidad de actuación”.
Gustavo Petro. Foto: EFE/EPA/GIAN EHRENZELLER / GIAN EHRENZELLER
Davos, Suiza
El presidente Gustavo Petro reveló el informe que el ICBF entregó sobre las denuncias de violencia sexual en el Guaviare y anunció las medidas que se tomarán para la defensa de los menores de los pueblos Nukak y Jiw.
El informe estableció que un 12% de los casos reportados con denuncia penal durante 4 años —lo que equivale a 69 casos— afectan a las comunidades Jiw y Nukak, pueblos indígenas que están declarados como sujetos de especial protección y en vía de extinción.
Durante la investigación también se registraron relatos relacionados con inhalación de pegante y/o consumo de sustancias psicoactivas en estas poblaciones indígenas.
Asimismo, se reporta una situación alimentaria crítica en estas comunidades, la cual no ha sido atendida desde un enfoque diferencial ni mediante un enfoque de soberanía alimentaria pensada en esos territorios de selva y con base en la memoria alimentaria de estos pueblos indígenas.
Anuncios del Gobierno para hacer frente a la situación
El Gobierno inició procesos de revisión disciplinaria en la región del Guaviare del ICBF por “posible omisión de situaciones y oportunidad de actuación” dice el comunicado.
Se hará también un seguimiento e investigación en el ministerio de Defensa para determinar “la evolución investigativa” de los hechos que se reportaron en esa zona del país, referente a las denuncias que involucran a algunos miembros de las Fuerzas Militares en el país.
Se anunció también la creación de dos unidades interdisciplinarias y especializadas para el fortalecimiento de las Defensorías de la Familia del ICBF del Guaviare, una especializada en la atención a la comunidad indígena y otra en violencias basadas en género.
Además, se estableció la misión del Ministerio de Salud y Protección Social de adelantar la construcción de un plan de acompañamiento efectivo “de las violencias que se presenten en el territorio”.
