José Reyes: “El reto es legitimar a la Justicia Militar y Policial”

Bogotá D.C.

En diálogo con Caracol Radio, el director de la Unidad Administrativa de la Justicia Penal Militar y Policial, José Reyes Rodríguez Casas, se refirió a las presuntas irregularidades en el despacho 186 de Bogotá, que presidía la exjuez Francy Castaño. Son 16 compulsas de copias a la Fiscalía y la Procuraduría por presunta corrupción.

Rodríguez Casas aseguró que en uno de los juzgados encontraron un ‘desengrane’, porque funcionaba diferente a los demás. Estaba sacando decisiones judiciales desde una estación de Policía, de la localidad de Teusaquillo en Bogotá. “Eso fue una voz de alarma. Luego, nos dimos cuenta de un manejo informal de ese juzgado”, señaló.

El director de la Justicia Penal Militar se refería a la posible pérdida de expedientes, casos que no le correspondían investigar a la exjuez Castaño y policías activos que, al parecer, violaban la reserva de los casos. “Vierten a un hálito de irregularidad que tocaba remover. Vemos que hay muchas denuncias con señalamientos relevante y objetivos”, indicó.

Caracol Radio había revelado, por ejemplo, que expedientes originales de ese despacho, que involucraban a integrantes de la Fuerza Pública, no aparecían en el Palacio de Justicia Penal Militar y Policial o, simplemente, estarían perdidos.

Justamente, cuando se tomó la decisión de declarar insubsistente a la exjuez Castaño, se realizó una diligencia en octubre pasado la estación de Policía de Teusaquillo para trasladar el material a la sede oficial. En un documento que conoció Caracol Radio, el juez encargado de ese despacho, el Mayor Rodrigo Andrés Méndez, alertó de una grave situación.

Si bien se encontraron 249 cuadernos de expedientes, hubo procesos que no estaban en original. Además, algunos tampoco estaban reportados en las estadísticas del despacho. Pero llama la atención que se hallaron bolsas de basura con documentos originales y copias que podrían corresponder a investigaciones contra integrantes de la Fuerza Pública.

El juez (e) Méndez indicó que se está verificando esa situación. De hecho, la secretaria de ese despacho manifestó, que podrían corresponder a un proceso de desacato. Por otro lado, Caracol Radio conoció que, después de ser declarada insubsistente, Francy Castaño, no realizó el acto formal de entrega del despacho 186, que funcionaba en la estación de Policía de Teusaquillo.

“Al juez encargado se le otorgó la misión de depurar esa información, qué expedientes están, cuáles faltan y reconstruirlos. Todavía se está en ese proceso de consolidación”, explicó el director Reyes Rodríguez.

Ahora, sobre el apoyo de policías activos en el despacho 186, Reyes aseguró que esas actividades no son normales ni aceptables. “Así no funciona la Justicia Penal Militar. Los apoyos que las Fuerzas dan no pueden ser misionales, sino administrativas, por las reservas que los casos tienen. Esos apoyos que recibía la juez estaban por fuera de control de esta dirección”, indicó.

Caracol Radio pudo determinar que el general de la Policía Nacional, Óscar Gómez Heredia, quien sonó fuerte para ser el próximo director de la institución en el Gobierno de Gustavo Petro, pero fue retirado del servicio, habría prestado su apoyo a la exjuez Castaño en el despacho. Por ejemplo, le prestó un vehículo, al parecer oficial.

Asimismo, la patrullera Johana Alexandra Criollo y el subintendente Ricardo López Ramírez figuraban como “secretarios ad-hoc” y notificaban decisiones judiciales. En un documento que conoció en exclusiva Caracol Radio, la exjuez Castaño reconoció que tenía el aval de la Policía Nacional para tenerlos en su despacho.

Por otro lado, el director de la Unidad Administrativa de la Justicia Penal Militar y Policial, José Reyes Rodríguez Casas reveló que la exjuez Castaño habría falsificado la firma del anterior jefe de esa jurisdicción, Fabio Espitia, en un formato que solicitaba un crédito bancario.

“Utilizó su cargo para construir un documento con fines de obtener un crédito, falsificando la firma del anterior director. Es que, si una persona necesita pedir un crédito, pues pide a su empleador un certificado que desempeña ciertas funciones y asignaciones salariales. La exjuez pudo haberlo hecho normal”, señaló.

Caracol Radio pudo establecer que se trata de inconsistencias en una certificación laboral que aportó la exjuez Castaño con la solicitud de un crédito en el Banco Caja Social, en el cual, no coincidía la certificación con los formatos oficiales que se utilizan en la Unidad Administrativa de la Justicia Penal Militar. Así mismo, la firma de Fabio Espitia no corresponde a la fecha de expedición de la certificación, por estar el mismo en vacaciones.

Reyes Rodríguez Casas dijo en Caracol Radio que, frente a este escándalo, el reto principal bajo su dirección será devolverle la legitimidad a la Justicia Penal Militar y Policial. “Vamos a ponerla en un punto en donde sea reconocida como un órgano funcional a las Fuerzas y a la sociedad”, manifestó.

Indicó se va a trabajar con los jueces para acelerar los procesos y evitar que las investigaciones prescriban. Se busca que se cumpla con las expectativas de las víctimas de delitos cometidos por integrantes de la Fuerza Pública.

“Estamos construyendo herramientas tecnológicas que nos ayuden a potenciar la capacidad de producción del sistema. Construir sentencias y una misionalidad para que sea más eficiente y las decisiones sean dentro de los términos. Además, para que se empleen menos recursos del Estado em la jurisdicción”, señaló.

Adicionalmente, aseguró que habrá un control de los expedientes, “pero no en las decisiones de los jueces porque respetamos su autonomía, sino que las decisiones no se engaveten. Hemos generado circulares en ese sentido, para que los jueces den una nueva revisión”, afirmó.

En Caracol Radio, señaló que la Unidad está trabajando en la construcción del sistema de calificaciones, unos indicadores que reflejen la efectividad de los despachos judiciales militares. “En el 2023, empezará a funcionar”, anunció.