Se enreda proceso contra los empresarios Carlos y Javier Ríos Velilla

Bogotá

La Fiscalía agravó la situación jurídica de los empresarios Javier y Carlos Ríos Velilla y el exconcejal Felipe Ríos, a quienes investiga por su presunta participación en el escándalo de supuesta corrupción en el millonario contrato de Recaudo Bogotá, que recoge los dineros del sistema Transmilenio.

Inicialmente les imputó el delito de violación al régimen legal de inhabilidades en calidad de intervinientes, pero, ahora los acusa en calidad de coautores.

Ante esa modificación, los abogados defensores de los procesados solicitaron al juez la nulidad del escrito de acusación.

Alegaron que la Fiscalía no argumentó ni entregó pruebas de las razones por las cuales agravó la situación jurídica de los empresarios y consideran que se vulneró el derecho al debido proceso, el ente acusador no puede imputar un delito y acusarlo por otro.

“La nulidad, radica señor juez, en que conforme a nuestra ley procesal, el derecho internacional y la convencionalidad existe un principio de congruencia que en este caso, la imputación y la acusación se debe respetar en lo factico (…) al variar la acusación en el sentido de afirmar que existe una coautoría que no me queda clara, si entre los tres o por lo menos entre los dos hermanos Ríos Velilla, claramente ha cambiado lo fáctico, porque nos ha planteado ahora que debió existir un acuerdo previo que no ha imputado " alegó el abogado Camilo Sampedro.

El abogado Lombana también pidió la nulidad desde la imputación porque se estarían atribuyendo conductas que no se mencionaron en la imputación de cargos.

FISCALÍA RESPONDE

La Fiscal Angélica Monsalve dice que no hay incongruencias entre la imputación y la acusación porque en las audiencias preliminares se les preguntó a los procesados si entendieron los hechos y respondieron que sí.

La Fiscal Monsalve indicó que los hechos jurídicamente relevantes, que son objeto de investigación, no han variado y por lo tanto no es procedente la nulidad solicitada por la defensa de los procesados.

“Lo que pretenden los abogados defensores es evitar un juicio, evitar que sus defendidos confronten la prueba y tratar nuevamente de soslayar el debido proceso argumentando hechos inconclusos. La Fiscalía está completamente facultada por la Constitución y la norma para hacer una variación en la calificación jurídica porque se desprende de los hechos jurídicamente relevantes que efectivamente los imputados sí actuaron con división de trabajo, uno desde el Concejo de Bogotá por su omisión y los otros escondiéndose detrás de ese coco y beneficiándose mutuamente en un 50% y 50 % detrás de los beneficios que ocasionaba Recaudo Bogotá” recalcó la funcionaria judicial.