Procuraduría convoca reunión urgente para protección de las Islas del Rosario
El propósito es hacer seguimiento al fallo del Consejo de Estado que ordena proteger ambientalmente este archipiélago
Cartagena
Para los próximos 22 y 23 de septiembre, la Procuraduría General de la Nación convocó a autoridades nacionales y de Cartagena de Indias a reunión urgente de seguimiento al fallo del Consejo de Estado para la protección ambiental del archipiélago de Nuestra Señora del Rosario y San Bernardo.
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El Ministerio Público verificará el cumplimiento de las órdenes proferidas en el año 2011 y los avances de la hoja de ruta acordada por las autoridades en agosto de 2021 a instancia de la Procuraduría, en la que se identificaron acciones conjuntas para enfrentar las diversas problemáticas que se presentan en las islas del Rosario y San Bernardo, entre ellas, insuficiente presencia de las autoridades, aumento de la explotación turística descontrolada, ocupación indebida de áreas de playa y baja mar, inadecuada disposición de residuos sólidos y de vertimientos, tala de mangle, construcciones sin permisos, entre otras que afectan estos ecosistemas marinos.
A este espacio están convocados el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Distrito de Cartagena, Armada Nacional, Parques Nacionales Naturales de Colombia, Agencia Nacional de Tierras, Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique (Cardique), Dirección General Marítima (Dimar), Policía Nacional, la empresa de Aseo Veolia, la Guardia Ambiental de Colombia y los Consejos Comunitarios de comunidades negras de Orika (isla grande) y San Bernardo.
La agenda que espera cumplir la Procuraduría incluye cuatro reuniones preparatorias para la verificación de avances del Plan de Seguridad de las Islas del Rosario; de los procesos sancionatorios ambientales, administrativos, policivos y penales, y de los contratos de arrendamiento de baldíos en la zona y temas étnicos.
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El día 23 de septiembre se llevará a cabo la reunión general de seguimiento en la que se espera que las autoridades obligadas con el fallo, las autoridades con competencias en el área insular del Distrito de Cartagena y las comunidades asuman compromisos concretos que permitan frenar las situaciones evidenciadas y que el fallo del Consejo de Estado, que tiene más de 11 años de proferido, se cumpla a cabalidad y se generen las condiciones para proteger y restaurar estos territorios insulares.
