Informe del Congreso alerta millonaria desfinanciación en paz y seguridad para 2023
El Presupuesto General de la Nación para el próximo año les quita recursos al Ministerio del Interior, a la JEP, al INPEC y a otras entidades.
Congreso de la República. Foto: Colprensa. / Álvaro Tavera (Colprensa)
Hoy se metió ‘en Kamila de 11 varas’ el Presupuesto General de la Nación del próximo año.
Conocimos el informe de la subcomisión del Congreso que se creó para ponerle la lupa a este proyecto presentado por el gobierno Duque.
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Una de las conclusiones es que en el gasto de funcionamiento de la JEP hay una desfinanciación inicial de $19.972 millones para suplir tres necesidades: una planta adicional, medidas de protección a víctimas, testigos y demás intervinientes, y una planta de supernumerarios.
La jurisdicción planea hacer algunos cambios para que no se afecte su trabajo.
La Agencia para la Reincorporación y la Normalización también tiene un déficit para ejecutar dos proyectos de inversión por un poco más de $6.027 millones: el primero busca prevenir la victimización y la reincidencia de personas en proceso de reintegración y el segundo busca fortalecer la reincorporación de los excombatientes de las FARC.
En el caso del Ministerio del Interior el presupuesto disminuye en un 42%, lo cual deja desfinanciados varios programas que fortalecen la política pública de prevención de violaciones a los derechos a la vida, a la libertad y a la seguridad de comunidades; los consejos comunitarios, los sistemas de gobierno propio de los pueblos y comunidades indígenas de Nariño; y los cuerpos de bomberos de todo el país.
Por su parte, el INPEC les notificó a los congresistas que están desfinanciados varios programas de atención y rehabilitación para los reclusos: se solicitaron más de $101.914 millones y se asignaron $30.000 millones. Además, falta una millonada para programas de habilidades productivas, de atención psicosocial y de educación.
El informe es extenso, pero, en conclusión, la subcomisión del Congreso advirtió que el presupuesto deja desfinanciados varios proyectos de estas y otras entidades que tienen que ver con la Comisión Primera, como la Procuraduría, la Contraloría y la Registraduría Nacional, por más de $5 billones.
