Ciencia y medio ambiente

Aprobado proyecto de ley que prohíbe el plástico de un solo uso en el país

Se prohibirán aquellos plásticos que presentan mayores inconvenientes en su disposición final.

Getty Images

Después de 6 años y por unanimidad, el Senado en plenaria aprobó el proyecto de ley que prohíbe la comercialización y distribución en el territorio nacional de productos que están elaborados con plásticos de un solo uso.

“Esta ley es un avance histórico a favor de las fuentes hídricas de Colombia, a favor del mar, en contra de la contaminación plástica y a favor de la generación de conciencia de las empresas y los consumidores” señaló el representante Juan Carlos Losada, uno de los autores de esta ley.

Esta ley impone al Gobierno Nacional reglamentar características y requisitos para la certificación de otros productos que reemplacen el plástico, expedir una política que permita promover el abastecimiento competitivo de los materiales reutilizables y la concertación de alternativas laborales y de emprendimiento para que se mitiguen los impactos.

Puntualmente los productos que se prohibirán para el 2025 serán los pitillos, bolsas en las que se guardan los periódicos y se cubre la ropa de la lavandería, soportes de plástico para globos, utensilios para comer, mangos para hilo dental, entre otros.

“Este es un proyecto en donde el Congreso se sentó con los gremios, los fabricantes grandes y pequeños y en donde se sentó sobre todo con la academia y con la sociedad civil […] logramos después de mucho tiempo construir una transición en la producción de la mano con la transformación de nuestros hábitos de consumo”, afirmó la senadora Angélica Lozano también autora del proyecto.

Uno de sus grandes propósitos es preservar la vida y los derechos fundamentales de las personas, el ecosistema, la salud y el goce de un ambiente sano y sostenible. Esta prohibición será hecha de una manera gradual; sin embargo, cabe resaltar que no se prohibirán todos los plásticos de un solo uso en este proyecto, solamente aquellos que presentan mayores inconvenientes en su disposición final, su uso es innecesario o el costo ambiental es demasiado alto.

Las autoridades competentes tendrán la obligación de hacer el respectivo seguimiento, control ambiental y la promoción de la misma. Por último, se espera llegar a la conciliación y sanción presidencial para que se convierta en ley de la República.

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