Jueces penales de todo el país piden que no los excluyan de la virtualidad
En comunicados y cartas solicitan al Senado de la República que no obligue a un retroceso en la jurisdicción Penal
Jueces, magistrados, y abogados penalistas de varias ciudades del país se unieron a las voces de solicitud al Senado de la República para que la justicia penal sea incluida en la ley de virtualidad judicial.
Los jueces penales de garantías, de conocimiento y especializados de Medellín y de Antioquia en un comunicado aseguraron que “están asombrados y preocupados”.
“Los jueces del Distrito Judicial de Medellín nos oponemos de manera férrea a la iniciativa legislativa que excluir a la virtualidad a la jurisdicción en materia penal, porque consideramos que es una limitación innecesaria a la autonomía y a la independencia de los jueces que, como directores de los procesos tenemos la potestad constitucional y legal de elegir la manera como debemos celebrar las audiencias”. Indicó la jueza Claudia Flórez Atehortúa, representante de los jueces de Garantías de Medellín.
La Sala Penal del Tribunal de Cúcuta, envió una carta a la Corte Suprema, al Consejo superior de la Judicatura y al Senado en la que advierten que volver a la presencialidad generaría más retrasos en la justicia.
El Colegio de defensores Públicos, el Colegio de Procuradores judiciales y el colegio de Abogados Penalistas piden al legislativo que no obliguen a la justicia Penal a retroceder.
“Resulta inconcebible y absurdo que mientras todos los jueces, los tribunales, los magistrados, los estudiantes se han pronunciado sobre la necesidad de mantener la vigencia de la virtualidad en la Justicia Penal, a hoy no veamos un cambio de postura (…) las personas que todos los días hacen audiencias hablen sobre los beneficios de la virtualidad y ello no tenga un eco”. Explicó el abogado de la Rama Judicial, Francisco Bernate
Los jueces de garantías y de conocimiento de Bogotá ya hicieron la misma petición, que nos los excluyan de la ley de virtualidad. Los funcionarios judiciales consideran que a todo nivel son innegables los beneficios que han permitido mejoras en la justicia penal.
