Opiac: "Hoy nos enluta un caso de falsos positivos"

La Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonia Colombiana (Opiac) hace referencia al operativo realizado por el ejército el 28 de marzo en el que murieron 11 civiles, entre ellos Didier Hernández Rojas, presidente de la junta de acción comunal de la Vereda el remanso; Ana María Sarria Barrera, su esposa; un menor de edad, Brayan Santiago Pama; y Pablo Panduro Coquinche, gobernador del cabildo Kichwa.

Funcionarios del gobierno afirmaron que se trataba de un enfrentamiento con los disidentes de las FARC, pero según lo que se grabó en un Facebook Live hecho por un medio de comunicación llamado “Andrés Periodista”, la comunidad se encontraba reunida en un bazar en una caseta comunal para recoger fondos y con ello poder atender las necesidades de la vereda.

Las personas que vivieron estos hechos afirmaron que el ejercitó llegó disparando indiscriminadamente en presencia de las familias.

Inicialmente se conoció por parte de las autoridades 9 bajas, pero en rueda de prensa con la organización indígena, Fabián Álvarez abogado de la coordinación de derechos humanos de la Opiac afirmó que “según declaraciones del ministro de defensa hubo 9 muertos y 4 detenidos [...] pero las consideraciones empiezan a cambiar cuando ya no se habla de 9 muertos sino de 11”.

Según Álvarez, un grupo de personas fueron testigos de cómo arrojaban los cadáveres a un cuerpo de agua cercano al lugar de los hechos y que “el número de desaparecidos también debería estar contado en lo que nosotros calificamos como una masacre perpetrada por el ejército nacional”.

Hasta ahora lo que se sabe por parte de las personas en territorios y autoridades correspondientes es que no había ninguna señal de confrontación “no había gritos, no había nada… solo una atmósfera de festividad en la que había gente tomando licor y había música. Hay una hipótesis y es que presuntamente, habría miembros del ejército nacional tomando con la comunidad y lo que hubo fue un altercado o una lucha que pudo haber llevado a eso”.

La Opiac está amparada bajo el art. 2 del convenio 169 de la OIT aprobado por la ley 29 de 1991, lo que les da como organización indígena la legitimidad de levantar acciones en nombre de estos pueblos y bajo ese marco presentaron una denuncia.

Según Fabián Álvarez “ pese a que es un medio legítimo y válido para presentar estas denuncias ni el Ministerio de Defensa, ni el Ejército Nacional han dado respuesta alguna a nuestra solicitud teniendo en cuenta que es una emergencia”.

La información respecto a la ubicación de los cuerpos es dispersa y aunque han estado en constante comunicación con organización de derechos humanos, hay quienes dicen que hay unos cuerpos en Neiva y otros en Puerto Asís. De lo único que hay certeza es que las familias afectadas no saben dónde están ni se los han entregado.

Según Carlos Martínez Secretario Técnico de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de la Opiac, les preocupa que el Gobierno Nacional no atienda las alertas de lo que pasa en el bajo Putumayo y bajo Caquetá. Afirmaron que estuvieron en una sesión de la Comisión de Derechos Humanos en Florencia en donde nos asistieron los ministros y el objetivo de esa sesión, era precisamente escuchar a las autoridades indígenas.

La comunidad hizo un llamado contundente al Ministerio de Defensa para que se retracte de sus declaraciones y aclaren que las personas asesinadas no pertenecían a ningún grupo ilegal al margen de la ley.