Defensoría propuso una reforma al sistema penitenciario y carcelario de Colombia
El defensor del pueblo dijo que los índices de hacinamiento en los centros carcelarios presentan una sobrepoblación de más de 16 mil personas.
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Defensor del pueblo, Carlos Camargo. / Defensoría del Pueblo
En el marco del foro ‘La crisis de hacinamiento carcelario: avances y retos para su superación’ el defensor del pueblo, Carlos Camargo, propuso reformar el sistema penitenciario y carcelario, debido a que el hacinamiento en las cárceles es superior al 20%.
El funcionario expresó que el sistema carcelario debe ir orientado al respeto de los derechos humanos de las personas privadas de la libertad para garantizar su resocialización y evitar las reincidencias.
La Defensoría del Pueblo atribuyó el problema al trasladó desde los establecimientos de reclusión del orden nacional a las estaciones de Policía, hecho que representa un riesgo para los derechos de las personas privadas de la libertad y para la Policía Nacional que hoy ejerce la custodia.
“La política criminal del Estado colombiano se ha caracterizado por la creación de nuevos delitos dentro del Código Penal y en un incremento generalizado de las sanciones existentes, y esto ha generado inevitablemente un colapso de las cárceles y penitenciarias, sin que se pueda advertir una verdadera disminución en los índices de criminalidad”, aseguró Camargo.
Según la Defensoría del Pueblo, los índices de hacinamiento en las cárceles a cargo del INPEC se elevan a un 20,6%, lo que serían casi 16.621 personas privadas de la libertad. Esto teniendo en cuenta que la capacidad de cupos en centros penitenciarios asciende a 80.647.
El defensor, Carlos Camargo, enfatizó en que no es suficiente con garantizar las condiciones de seguridad, sino con estándares de calidad para evitar los riesgos de fuga.
“La crisis carcelaria, sumada a los hechos acontecidos en días pasados, pone de relieve la necesidad de adelantar una reforma legislativa que reoriente el sistema carcelario y penitenciario para que le devuelva a la sociedad la confianza en sus instituciones, y que permita el cumplimiento de las finalidades de custodia y protección de los derechos humanos”, afirmó el Defensor del Pueblo.
Con estos argumentos, Camargo dice que urge una reforma que le asegure a la ciudadanía que la vigilancia de los presos esté orientada al respeto y que permita que se lleve a cabo el proceso de resocialización, el paso más importante para evitar que se vuelva al ciclo de la criminalidad.