Oposición envía carta a Corte IDH tras polémica misiva de presidentes de Congreso

La oposición del congreso expidió una carta en la que le comunicaban a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, su posición frente a la polémica misiva que el presidente del Senado, Juan Diego Gómez y la presidenta de la Cámara de Representantes, Jeniffer Arias, enviaron a la institución. Los presidentes, en su carta, expresaron su desacuerdo frente al pronunciamiento de la Corte IDH con respecto al cumplimiento del fallo del caso de Gustavo Petro vs Colombia.

En la carta de la oposición asegura que las aseveraciones que hicieron el presidente del Senado y la presidenta a la Cámara no representa la posición institucional del Congreso de la República de Colombia y por el contrario, obedece a una valoración personal de estos congresistas. Además, afirmaron que desde la oposición manifestaron inconformidad frente al proyecto de ley que respondía a la sentencia de la Corte Interamericana, pues según ellos constituye una clara elusión al fallo.

“La decisión de los referidos funcionarios de emitir esa comunicación no fue discutida ni aprobada por las plenarias de la Cámara de Representantes y del Senado de la República, es decir, no cuenta con el aval de las Corporaciones que presiden; por lo que su pronunciamiento es individual, dado que como miembros de Corporación y de partidos declarados en oposición, no conocíamos, ni compartimos el contenido de la misiva enviada a la Corte.”, aseguró la oposición.

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De igual forma, señalaron que la aprobación de la iniciativa presentada al Congreso de la República constituye una infracción en contra “del contenido sustancial del artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos, el artículo 26 de la Convención de Viena y, en consecuencia, al Bloque de Constitucionalidad consagrado en el articulo 93 de la Constitución Política de Colombia.

Referente a la polémica sobre la imposición de que solo un juez penal puede otorgar inhabilidades a una persona elegida por voto popular y no una autoridad administrativa y a la negativa de los presidentes del Congreso ante dicha afirmación; la oposición aseguró que “resulta inadmisible que un órgano administrativo pueda imponerle a un funcionario elegido popularmente una sanción de destitución e inhabilidad, que implique una restricción del ejercicio de los derechos políticos a elegir o ser elegido”. Y finalmente, en el comunicado reconocieron el rol que ejerce la Corte.