Derecho Penal presenta falencias para combatir casos de feminicidio

Así lo revela un estudio de la Universidad Nacional, que indica que las acciones de castigo no están teniendo efecto en disminuir los feminicidios.

La creación de la Ley 1761 del 6 de julio de 2015, o Ley Rosa Elvira Cely, que construyó un discurso penal en torno a los casos de feminicidio en el país, ha significado un gran avance en el reconocimiento del delito y su contemplación en las leyes del país.

Sin embargo, el alto índice de violencia contra la mujer en Colombia no ha disminuido, lo cual ha llevado a la abogada Mariluz Basante Urbano, magíster en Derecho con especialización en Derecho Penal de la Universidad Nacional, a preguntarse si el derecho penal para resolver un fenómeno estructural como este está funcionando de la forma que debería.

“Las estadísticas, como las de la Procuraduría general de la Nación, ponen en cuestión la verdadera finalidad del derecho penal, ya que se ha enfocado en la construcción de una política criminal que va encaminada al castigo y sanciones punitivas (…) a grandes rasgos se observa que no ha podido enfrentar un problema estructural como lo es el Feminicidio”, asegura Basante.

A esto se suma que sigue existiendo en Colombia la dificultad para enmarcar estas acciones delictivas como un feminicidio, y de igual manera, Basante explica que “existe una gran brecha entre los casos existentes que no representan como tal las conductas delictivas que se comenten ya que muchos de los casos que no logran ser sindicados o condenados como feminicidios”.

Frente a esto se considera en el estudio que el derecho penal no es la herramienta para erradicar la violencia contra la mujer. Por el contrario, se “deba hacer un estudio profundo debido a que se trata de un problema estructural, utilizando la educación para formar y desarrollar la sensibilidad y el respeto del otro como ser humano”.

Según las cifras recogidas en el estudio que corresponden a la tasa de feminicidios entre el periodo entre 2017 y 2019, de las 915 personas que se encontraban privadas de la libertad por feminicidio para ese periodo, 323 eran sindicadas y 592 estaban condenadas.

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