Así es es el día a día que viven los líderes sociales
Aunque las cifras de muertes y acciones violentas son de miedo, miles de defensores de derechos humanos continúan trabajando arriesgando sus vidas
Jota nunca ha sido amenazado de muerte, pero sabe es porque ha contado con suerte, sabe que cualquiera de estos días puede llegar un mensaje a su teléfono, o puede encontrar un panfleto pegado en la puerta de su casa. Jota sabe que la única forma de no estar en la mira de los violentos es dedicarse a otra cosa, dejar de estar enfrentándose a fuerzas poderosas por los derechos de la población negra de Tumaco. Jota lo sabe, pero no lo hace. Y no lo hará.
A la familia Aljure le han matado a once miembros. A unos les disparó las Farc, a otros los grupos paramilitares y las Fuerzas Militares acabaron con otros más. La mancha de sangre en el apellido Aljure está goteando desde hace seis décadas y hoy, William, hijo de padres asesinados, sigue la lucha de sus familiares en el municipio de Mapiripán. Dice que lo hace aunque sabe que pronto él puede ser el siguiente Aljure en caer.
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Cuando al Señor O le preguntan cómo describiría su labor como líder de víctimas en Córdoba no duda un solo segundo en responder y suelta una sola palabra: “peligro”. Peligro no solo porque vive rodeado de grupos armados, sino porque su trabajo lo pone en confrontación directa con poderes económicos, con capacidad de atentar contra su vida tan fácil como si se tratara del viento soplando.
A Elena la sacaron de su hogar, en Córdoba, amenazando a sus seis hijos menores de edad en 2003. La violencia tocó su puerta porque ella era la que daba peleas en su comunidad para que llegara el agua potable y para que se hicieran vías de acceso a su vereda. Hoy sigue esa lucha, pero en Cali.
Y aunque esos son apenas cuatro ejemplos, lo cierto es que esa realidad de ansiedad, zozobra y miedo es el día a día de otros miles líderes sociales y defensores de los derechos humanos en Colombia.
Ariel Ávila, subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación y escritor del libro ¿Por qué los matan?, habla sobre el asesinato de líderes en Colombia.
En su libro ‘¿Por qué los matan’, el subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación, Ariel Ávila, reseña que cada día en el país ocurren dos hechos de victimización en contra de líderes sociales. Esto significa que cada día hay un asesinato, o una amenaza, o un caso de desplazamiento forzado o una desaparición. En Colombia todos los días pasa algo que afecta a los líderes sociales.
Y como si se tratara de la crónica de una violencia anunciada, un altísimo porcentaje de estos ocurren en los mismos lugares: Cauca, Antioquia, Norte de Santander, Valle del Cauca, Nariño, Putumayo, Caquetá, Chocó, Arauca y Córdoba.
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“El problema es que uno se mantiene con miedo. Y es que este trabajo lo hace a uno una persona muy visible, no solo para los grupos armados ilegales, también para los legales, y para algunos mandatarios que no están de acuerdo con lo que hacemos en la región o con que nosotros exijamos que se cumplan nuestros derechos”, cuenta Jota desde Tumaco, en donde desde el 2016 se han asesinado a 35 líderes sociales, según cifras de la Defensoría del Pueblo.
Y el problema de Jota no es solo verse expuesto. Es también que no tiene las condiciones mínimas para hacer su labor. Él defiende intereses sociales de las comunidades asentadas en la costa pacìfica nariñense. Normalmente debe moverse entre las veredas que están plagadas de hombres armados, y debe hacerlo sin esquema de seguridad. ¿La peor parte? Dice que aunque sí tuviera esquema de seguridad, eso lo podría hacer aún más susceptible de un ataque.
Algo similar pasa con el Señor O. Él defiende los intereses de las víctimas del conflicto armado en Tierralta, Córdoba. Pero dice que se siente solo, que carga él con la responsabilidad de luchar por la dignidad. Cuenta que después de que se firmó el acuerdo de paz con las Farc su miedo solo cambió de nombre, ahora no es la guerrilla la que le manda a decir que “jode mucho” sino los Grupos Armados Organizados, GAO. Y su conclusión es simple, pero arrolladora: el Estado no ocupa esa región, no realmente, sino ¿por qué se cambia de verdugo en menos de cuatro años?
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“A nosotros nos afecta mucho la ausencia del Estado, vivimos en mucha soledad. En 2016 le preguntamos al Gobierno que quién iba a ocupar los territorios dejados por las Farc después del acuerdo y nunca supimos la respuesta. Y ahora que no están las Farc, están las GAO. Entonces el responsable de que esto suceda es el Estado, porque es mandato constitucional garantizar la seguridad de todos los colombianos”, dice el Señor O.
Igual que Jota, el Señor O, trabaja con una voluntad que roza lo sobrehumano. Parte de su trabajo es el restablecimiento de los derechos de las víctimas del conflicto. Pero llegar a ellas a ofrecerle ayudas como tramitar procesos legales u organizar un encuentro no es tarea sencilla, en ocasiones ha implicado moverse hasta a 180 kilómetros en sectores tan alejados que lo único que se sabe del Estado es que por allá no va.