JEP: documento que justifica imputación del delito de secuestro a exFarc

Hoy ocurrirá en la JEP la acción más importante de justicia restaurativa desde cuando se creó esa jurisdicción, nacida del Proceso de Paz con las Farc. A ocho ex integrantes del secretariado de esa guerrilla se les imputarán cargos por delitos de secuestro, en el marco del macrocaso 01 que, por decisión de ese tribunal ahora empezará a llamarse “Toma de rehenes y otras graves privaciones de la libertad".

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Los imputados serán: Rodrigo Londoño Echeverry, 'Timochenko'; Jaime Alberto Parra, El Médico; Miltón De Jesús Toncel, Joaquin Gómez; Juan Hermilo Cabrera Díaz, Bertulfo Álvarez; Pablo Catatumbo Torres Victoria; Pastor Lisandro Alape Lascarro; Julián Gallo Y Rodrigo Granda.

En el documento que Caracol Radio conoció en exclusiva y que contiene 322 la Sala de Reconocimiento de Verdad, de la Jurisdicción Especial para la Paz, justifica su decisión de imputarles el delito de secuestro.

La JEP llegó a esta decisión después de más de dos años de estudio, tiempo en el que se examinaron los archivos judiciales, incluyendo documentos y computadores incautados en operaciones militares, así como 17 extensos informes del Estado y la sociedad civil. Recibir las versiones de 38 comandantes de manera individual y de 257 exguerrilleros en diligencias colectivas, analizar 1.028 observaciones de las 2.456 víctimas acreditadas en el caso.

También de escuchar a personajes clave como:

Camilo Gómez: Ex Comisionado de Paz del gobierno del presidente Andrés Pastrana (1998-2002).

Piedad Córdoba: Exsenadora (1994-2010) y facilitadora para la liberación unilateral de varias personas que estaban en poder de las FARC (2007-2010).

Daniel García Peña: Miembro y coordinador de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz del gobierno del presidente Ernesto Samper (1994-1998).

José Alfredo Escobar Araujo: “Zar Antisecuestro” (1998-1999) durante el gobierno del presidente Andrés Pastrana.

José Noé Ríos: Miembro del equipo asesor de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz durante el gobierno del presidente Ernesto Samper.

Monseñor Luis Augusto Castro Quiroga, arzobispo de Tunja, expresidente de la Conferencia Episcopal y de la Comisión de Conciliación Nacional (CCN) y Obispo y vicario apostólico del Caguán, Caquetá y Puerto Leguízamo, Putumayo 1986-1999. Lo acompañó el sacerdote Darío Echeverri, secretario general y miembro de la Comisión de Paz de la Iglesia Católica. Ambos facilitaron la liberación unilateral de varias personas que estaban en poder de las FARC en la década del noventa del siglo pasado.

Andrés Peñate: director del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) (2005-2007) durante el gobierno del presidente Álvaro Uribe (2002-2010), así como Viceministro de Defensa en esa administración.

Víctor G. Ricardo Piñeros: Alto Comisionado para la Paz 1998-2000 durante el gobierno del presidente Andrés Pastrana.

Camilo Echandía Castilla: asesor de la Consejería Presidencial para la Paz durante el gobierno del presidente César Gaviria (1994)

Juan Francisco Mesa Torres: director de FONDELIBERTAD (2000-2002,) durante el gobierno del presidente Andrés Pastrana

Humberto Velázquez Ardila: subdirector Antisecuestro del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) (2005-2010) durante el gobierno del presidente Álvaro Uribe.

Marcel Suárez Romero: funcionario del DAS (1990-2011) y conocedor de la forma cómo se realizaban los reportes y bases de datos y cifras gubernamentales sobre secuestro en el país.

El siguiente paso dentro de este caso 01 que ahora se llama “Toma de rehenes y graves privaciones de la libertad cometidas por las FARC”, es que los ocho imputados estudien esta decisión judicial, presenten sus consideraciones, al igual que las víctimas acreditadas en este caso. Este proceso podría durar un mes o más, según las peticiones que lleguen a la Jurisdicción Especial para la Paz.

En cuanto a los caminos jurídicos están:

- Si aceptan los delitos de secuestro, el proceso pasa al Tribunal de Paz para recibir penas restaurativas, como desminado y obras reparadoras para las víctimas. No tendrían cárcel.

- Si por el contrario no aceptan los delitos imputados por la JEP el caso pasa a la Fiscalía de la JEP, que es la Unidad de Investigación y Acusación, para que ellos investiguen y los llamen a juicio en el que se exponen a penas de hasta 20 años de cárcel.