En El Charco reclaman ayuda, para escapar de la violencia

En el Pacífico nariñense a 465 kilómetros al norte de Pasto, lejos de todo y a dónde solo se puede llegar en barcos o lanchas está ubicado El Charco, un municipio a 5 metros sobre el nivel del mar, donde la última preocupación es la pandemia del Covid-19.

Sus pobladores viven entre la explotación de maderas, los cultivos de coca y los constantes hostigamientos de grupos al margen de la ley; escenarios de lamentables situaciones sociales que obligan a que se exija la presencia del Estado.

“Aquí lo que nosotros pedimos es una intervención social y estructural, que se trabajen los temas de educación, salud vivienda y agua potable, porque ni eso tenemos, tomamos agua de las quebradas y las goteras y las últimas aguas que tomamos las tenemos contaminadas por el derramamiento de crudo”, asegura Francisco Cortés, uno de los lideres sociales de la región.

Aunque la mayoría de los recursos provienen de las economías ilegales, en El Charco existe un grupo de trabajadoras llamadas ´Las concheras´, mujeres que con balde en mano se dedican a extraer moluscos para la cocina gourmet, y así reunir el dinero suficiente para enviar a sus hijos a la única escuela.

“Las mujeres nos dedicamos a la concha y los hombres a la pesca, hay gente que saca 200 o 700 conchas al día, pero por ejemplo mi marido no saca nada, por ahí saca 200 y cuando saca bastante saca 300, a nosotros nos pagan 100 conchas a 15 mil pesos (…) Yo en la semana le pago 5.000 un señor que se llama Lisandro para que me traiga a mis hijos a la escuela, y cuando no hay los 5.000 pues pierden la semana porque no hay para que uno pague”, asegura Lidi, una de las habitantes de este sector y conchera de actividad.

Los hijos de al menos 70 mujeres asisten al colegio Estero Martínez, un centro educativo que no cuenta con baños, ni comedor, pero en el que decenas de niños aprenden a leer, escribir y a recordar su cultura.

“Les enseñamos las tradiciones prácticas y tradiciones de nuestros ancestros, a conocer el territorio, valorar lo propio y cosas como danzas, coplas, versos y todos los saberes tradicionales, pero mira tú cómo vivimos y cómo estamos, necesitamos que nos colaboren con la planta física, no tenemos baños ni restaurante”, afirma Ingrid Cundumi una de las profesoras que dicta clases en el pasto, junto al río.

Amparo Flores, otra de los docentes, pide que se trabaje en este centro para evitar la deserción de menores, que por falta de oportunidades se ven tentados por los grupos criminales: “La prioridad es tener esto para que los estudiantes se acojan y sean más despiertos en la enseñanza, para que se sientan cómodos y libres y expresen sus propios conocimientos, porque cuando uno siente un ambiente agradable, el estudiante llega con carisma espectacular”.

Hasta allí llegaron la consejera para los Derechos Humanos, Nancy Patricia Gutiérrez, y el consejero de seguridad Nacional, Rafael Guarín, quienes anunciaron una inversión social de 80.000 millones de pesos destinada a mejorar las condiciones de la educación de los niños de la zona.

“Esta es una zona hermosa en biodiversidad, pero muy abandonada por muchos años; la topografía y la selva que vimos, tupida de vegetación no favorece mucho el accionar del Estado, pero se trata precisamente de poder tener una presencia y por eso se va a acelerar la inversión social”, afirmó Nancy Patricia Gutiérrez, alta consejera presidencial.

Estos recursos ya se han visto en Barbacoas, un municipio aledaño en el que el Gobierno ha entregado escuelas y escenarios deportivos que hacen parte de la estrategia Zonas Futuro.

El Charco, Barbacoas y los municipios aledaños son un ejemplo de todo lo que hay por hacer para cerrar brechas de desigualdad en Colombia. Allí decenas de niños seguirán esperando la gestión desde la Casa de Nariño para obtener prontas soluciones.

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