En medio de la Pandemia, la Fiscalía y la Contraloría, abrieron procesos penales y fiscales en contra de <strong>alcaldes, gobernadores, funcionarios y miembros de las Fuerzas Armadas</strong> por irregularidades en contratación referentes al del COVID- 19. Sin embargo, al parecer al interior de esas dos entidades pasa exactamente lo mismo, puesto que, <strong>le adjudicaron de manera directa contratos que suman más de $1.300'000.000 a una compañía que se dedica a vender cosméticos</strong> y complementos nutricionales.La <strong>empresa</strong> fue contratada para la compra de de un total de <strong>290.000 tapabocas</strong> en el ente acusador.La empresa contratista se llama <strong>Bon Sante</strong>, una empresa que de acuerdo con su Cámara de Comercio, que está colgado en el proceso de contratación, <strong>se dedica a la venta de cosméticos y alimentos</strong>. En su página web, promociona productos de belleza y suplementos alimenticios.El Cámara y Comercio señala que,<strong> es una empresa que se constituyó en 2018 con un capital de $20.000.000 </strong> y según el RUES, solo hasta el pasado 3 de julio se renovó la matrícula mercantil y la ampliación de sus actividad comercial. Tiene como dirección la calle 72 # 20C 46, y aunque Caracol Radio visitó el lugar, <strong>en esa dirección solo hay talleres de reparación de motocicletas.</strong>En la página de la contratación de la Fiscalía General <strong>aparecen tres contratos que se le adjudicaron a la empresa Bon Sante SAS</strong>. Figura el contrato 0010-2020 del 17 de marzo de 2020. por un valor de <strong>$121.380.000</strong> para adquirir 60.000 tapabocas.Registra el contrato 0023-2020 por valor de <strong>$415.950.000</strong> para la adquisición de 180.000 tapabocas.Y el último es el contrato 0045-2020 del 15/05/20 por<strong> $87. 241.140</strong> para 50.000 tapabocas y alcohol.Llama la atención <strong>el primer contrato que se adjudicó el 17 de marzo.</strong> Ese día se declaró la urgencia manifiesta, ese mismo día se hizo el estudio de la necesidad y ese mismo día se firmó el contrato, según la Fiscalía, porque <strong>las empresas estaban autorizadas por el Invima para vender tapabocas e insumos de bioseguridad.</strong>El permiso de importación de tapabocas para este contratista se otorgó el 26 de mayo. Esa misma compañía <strong>Bon Sante SAS,</strong> un mes después del primer contrato con la Fiscalía, suscribió un contrato con la <strong>Contraloría General</strong> el 16 de abril de 2020.El objeto del contrato adquisición de insumos y elementos de protección personal necesarios para la prevención, <strong>contención y mitigación</strong> de los efectos de la pandemia del <strong>COVID-19</strong> por un valor de $722.152.928 , por tres meses.Caracol Radio consultó a la Fiscalía y a la Contraloría General para que explicaran esta contratación.En la Fiscalía dijeron que <strong>no hay irregularidades en esos contratos, todo se hizo bajo la ley,</strong> pues se hicieron comités técnicos para estos esquemas de contratación. Además, se actuó bajo las condiciones de las normas decretadas por la pandemia, para ello se hizo a través de<strong> Colombia Compra Eficiente</strong> y aseguran que esos contratos están blindados por el SECOP II.De igual Forma, <strong>en la Contraloría dijeron que para ese contrato se hicieron estudios previos y bajo las normas de contratación.</strong>