Oposición denunciará a abogado De la Espriella, por tildarlos de bandoleros

Tras ser denunciados ante la Corte Suprema de Justicia y luego de que se les abriera una investigación en la Comisión de Ética de la Cámara, los representantes María José Pizarro, David Racero, Katherine Miranda, Inti Asprilla y León Fredy Muñoz, que asistieron presencialmente al Congreso durante las últimas dos plenarias, anunciaron a través del abogado Miguel Ángel del Río, apoderado de ellos, las herramientas jurídicas con las que se defenderán.

"El sustento fundamental para iniciar esta andanada jurídica en contra de los representantes se ha iniciado desde el Gobierno nacional, con la finalidad de evitar el control político. El ataque se hace directamente para disminuir las facultades del Congreso. Por tal razón, se recusará al representante Edwin Ballesteros (Centro Democrático), con ocasión de su posición como presidente del Comité Ético, porque se encuentra impedido, ya que no puede ser juez y parte, entendiendo que él mismo radicó una propuesta para declarar ilegal la presencia física de los representantes en el recinto", explicó el abogado.

Por ello, comentó que "vimos en un mensaje en redes donde el representante estableció que a la mayor brevedad, con celeridad y prontitud iban a iniciar las investigaciones por las quejas disciplinarias en contra de los congresistas. Y eso no es más que una notificación de que habrá una sanción disciplinaria en contra de ellos".

En la misma línea, continuó, "serán recusados todos los representantes que votaron afirmativamente a la proposición que imposibilita la asistencia al Congreso. Esto, porque quienes hacen parte del Comité de Ética tendrán a su cargo también la investigación sobre las conductas cometidas por los congresistas y no tiene ningún sentido jurídico que un representante que votó para negarse a las sesiones presenciales, sea investigador de los parlamentarios que votaron a favor".

Ante la Corte Suprema de Justicia, enviarán la información que justifique su presencia física en el Congreso, ya que "la denuncia temeraria interpuesta a través de la oficina del abogado Abelardo de la Espriella, con relación a la presunta violación del sistema sanitario, carece de todo soporte jurídico. El decreto 491 establece cuándo el Congreso podrá acudir presencialmente. Una de estas es que si no se puede ejercer control político de manera virtual, deberá hacerlo presencialmente", explicó del Río.

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Así las cosas, indicó que "en contra del abogado de la Espriella se interpondrá una denuncia por el delito de injuria, debido a las manifestaciones donde trata a los congresistas como bandoleros que ingresan sin ninguna justificación al recinto. El lenguaje no puede dar para estar haciendo manifestaciones temerarias y acusaciones deshonrosas".

Igualmente, concluyó, una vez superado el elemento de la tipicidad del delito, "se interpondrán denuncias en contra del abogado Hollman Ibáñez (de la firma de la Espriella) por el delito de falsa denuncia, pues los sustentos jurídicos para denunciar a los representantes, son temerarios. Ante el Consejo Superior de la Judicatura, se presento una queja disciplinaria para que se investigue por qué se interponen denuncias sin fundamento, utilizando un sesgo político".

Finalmente, los congresistas aseguraron que independientemente de las denuncias, seguirán insistiendo en las sesiones semipresenciales y acudirán al recinto cada vez que el presidente de la Cámara, Carlos Cuenca, convoque a estas.