SuperTransporte niega "intereses políticos" en sanción a Uber
Uber había amenazado a colombia con una demanda por violar el TLC con EE.UU.
La superintendente de Transporte, Carmen Ligia Valderrama, negó las acusaciones de Uber sobre tomar decisiones sancionatorias contra la compañía “arbitrarias e impulsadas por presiones políticas”, expuestas en la carta enviada por la empresa al Gobierno nacional en la que amenazan con demandar a Colombia por violar TLC con EE.UU.
“Los expedientes y los hechos hablan por sí solos, nosotros no tenemos ningún tipo de interés. Emitimos unas órdenes en 2016 para que se suspendiera el pago de propaganda que no fueron cumplidas, entonces reunimos los requisitos y emitimos la sanción de forma objetiva y honesta”, afirmó la superintendente.
Asimismo señaló que se acogerán a las decisiones de la Agencia Jurídica del Estado en esta etapa de pre litigio presentada por Uber.
Cabe mencionar que actualmente el país tiene otros 12 procesos con tratados internacionales, uno de estos tiene que ver con la Refinería de Cartagena y uno con Claro.
Por otra parte, Camilo Gómez, director de la Agencia Jurídica del Estado, explicó que, Uber presentó una carta de intención, que es una etapa de pre litigio antes de que se proceda a presentar una demanda. Esa etapa, según comentó, dura seis meses.
Manifestó que no se trata de discutir la normatividad de la aplicación en el país, sino si el Estado cumple con parámetros de la inversión. Además “si Colombia incurrió o no el trato justo y equitativo o si se produjo expropiación”.
“Esos acuerdos se pueden lograr siempre y cuando no vulnere las leyes colombianas (…) Nos sentaremos con Uber para discutir, no como funciona, sino la violación o no del Tratado de Libre Comercio”, reiteró.
Dijo que el país tiene otros 12 procesos activos relacionados con tratados internacionales, uno que tiene que ver con la Refinería de Cartagena y uno con Claro.
Manifestó que hay 12 cartas de intención, pero “no todas se concretan en demanda, como por ejemplo Odebrecht”, que lleva más de seis meses en el proceso de intención, pero que no se ha materializado la demanda.
