<strong>Blanca Monroy</strong> se esmera para que la imagen que está tallando se parezca a la de su hijo de pequeño. Once años después de la ejecución militar de Julián, busca consuelo en la madera ante la<strong> falta de una verdad completa.</strong><strong>Julián Oviedo</strong> era el cuarto de sus ocho hijos. El <strong>2 de marzo de 2008 desapareció</strong> y ocho meses después su cuerpo fue <strong>hallado en una fosa común a casi 650 kilómetros de casa</strong>. La fiscalía determinó que el joven de 19 años murió al día siguiente de su desaparición. Julián, <strong>dijo el ejército, cayó en combate. "Era un guerrillero</strong> que extorsionaba ganaderos".Pero familiares y vecinos jamás acreditaron ese parte de guerra. <strong>Julián</strong> era un obrero que entretenía a sus hermanos menores y <strong>quería prestar servicio militar.</strong>Además, <strong>ayudaba a cuidar el jardín</strong> del hogar. Gracias a "sus lindas manos, a esa bendición de sus manos, mis matas eran muy hermosas", dice esta mujer de 60 años. Guiada por una foto, la madre <strong>moldea la figura de su hijo en un jardín de flores.</strong>Su caso es parte de un copioso expediente: el de las <strong>2.248 ejecuciones extrajudiciales conocidas como "falsos positivos"</strong>, el mayor escándalo de las fuerzas militares en su lucha de más de medio siglo contra los grupos rebeldes.El <strong>59% de esas muertes ocurrió entre 2006 y 2008</strong> bajo el gobierno del expresidente Álvaro Uribe.La práctica que dejó al desnudo la actuación ilegal de algunos <strong>militares</strong> consistía básicamente en un <strong>premiado "body count"</strong>: contar cuerpos para <strong>inflar los logros del ejército.</strong> Decenas de jóvenes fueron engañados con <strong>promesas de empleo</strong>, sacados de sus territorios y llevados lejos para ser <strong>asesinados y disfrazados de guerrilleros.</strong>"Una vez que estas víctimas son asesinadas,<strong> las fuerzas militares organizan un montaje de la escena</strong>", denunció en <strong>2009</strong> una relatoría especial de la <strong>ONU</strong>, que cada 10 de diciembre celebra el Día Internacional de los Derechos Humanos.Como Julián, <strong>Daniel Martínez</strong> (22 años) fue <strong>otra víctima de los múltiples montajes</strong>. Sin vínculo conocido entre ellos, desaparecieron l<strong>a misma semana y en el mismo barrio de Soacha</strong>, en las afueras de Bogotá. Ambos fueron presentados luego como caídos en enfrentamiento. <strong>Llevaban trajes de camuflaje y botas de caucho sospechosamente nuevas</strong>.A <strong>Daniel</strong> "le gustaba montar caballo, a mí también; a él le gustaba la guitarra, la música, a mí también. Entonces era <strong>esa conexión que teníamos</strong>", dice <strong>Gloria Martínez, su madre</strong> de 57 años, mientras maneja con destreza la gubia. Ni Gloria ni Blanca sabían manipular la madera y <strong>se instruyeron en un taller universitario</strong>. Son en total diez <strong>madres</strong> que aprendieron a dar forma a sus recuerdos. Así sobrellevan el <strong>no saber toda la verdad sobre la muertes de sus hijos.</strong><strong>Más de mil uniformados han sido condenados</strong> en la justicia ordinaria por los crímenes de civiles y <strong>148</strong> se acogieron voluntariamente al <strong>tribunal de paz.</strong><strong>En octubre</strong>, las <span>Madres de Falsos Positivos de Soacha y Bogotá</span> (<strong>MAFAPO</strong>), colectivo que integra no solo mujeres cuyos hijos fueron pasados por guerrilleros en soacha, sino en todo el territorio, les hicieron saber a los jueces su <strong>insatisfacción con las versiones de los militares.</strong><strong>"No estamos contentas con esa verdad"</strong>, dice Blanca, quien ahora teme a la impunidad. "<strong>No ha pasado nada,</strong> y creo que no va a pasar nada".Pero Gloria, su compañera de lucha, va más allá. "Queremos que los que hicieron esto digan la verdad. <strong>¿Quiénes fueron los que dieron esa orden?, ¿por qué los mataron?</strong>". Los presuntos responsables de su hijo se sometieron a la <strong>JEP.</strong>La fiscalía de la Corte Penal Internacional informó que entre los investigados están 119 oficiales, incluidos 12 generales. <strong>El gobierno en su momento destituyó a altos mandos</strong> y modificó las directrices de guerra para<strong> evitar más ejecuciones</strong>, que eran premiadas con dinero y días de descanso.Aunque los de <strong>Soacha</strong> son los casos <strong>más emblemático</strong>s, las ejecuciones <strong>se replicaron en casi todo el territorio</strong>. En su mayoría eran hombres con entre <strong>18 y 30 años</strong> en "situación de <strong>vulnerabilidad económica</strong>". <strong>"¿Acaso es un delito ser pobre?"</strong>, cuestiona Gloria."Siempre le tuve miedo a la guerrilla, mas no al ejército", reflexiona la mujer de 61 años.