Aprobada la exhumación de Franco por el Tribunal Supremo español

El Tribunal Supremo español dio luz verde este martes a la decisión del gobierno socialdemócrata de Pedro Sánchez (PSOE) de exhumar los restos de Francisco Franco de su monumental mausoleo en las afueras de Madrid a pesar del rechazo de los descendientes del dictador.

Seis magistrados de la más alta instancia judicial del país decidieron "por unanimidad desestimar en su totalidad el recurso interpuesto por los familiares de Francisco Franco", señaló el tribunal en un escueto comunicado.

Con su decisión no solo validan la retirada de sus restos del Valle de los Caídos, sino también la decisión gubernamental de reinhumarlos junto a su esposa en el discreto cementerio de El Pardo, en el norte de Madrid.

Aun así, la exhumación no será inmediata porque el mismo tribunal tiene otros tres recursos pendientes de resolver aunque es previsible que el fallo vaya "en la misma línea", dijo una fuente del Supremo.

Desde su llegada al poder en junio de 2018, el socialdemócrata Pedro Sánchez convirtió la exhumación de los restos del dictador en una de las prioridades de su mandato para que el conocido como Valle de los Caídos dejara de ser un lugar de enaltecimiento del franquismo.

Ideado por el mismo 'Caudillo', el complejo consiste en una basílica horadada en el flanco de una montaña (en la sierra del Guadarrama) y coronada por una cruz de 150 metros de altura.

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En su interior, frente al altar, está la tumba del dictador, habitualmente cubierta de flores frescas, junto a la del fundador del partido de inspiración fascista español La Falange, José Antonio Primo de Rivera.

Es "inexplicable" que "los restos del dictador sigan en un mausoleo público", "una democracia no es compatible con tener a Franco en un mausoleo con estas características", insistía este martes ante de la decisión judicial la número dos del gobierno, Carmen Calvo.

- Guerrilla judicial -

Aunque la intención del ejecutivo era solventar la cuestión en pocos meses, las múltiples acciones judiciales iniciadas por los Franco retrasaron sus planes.

En junio, días antes de la fecha fijada para la exhumación, el Supremo la suspendió para estudiar su recurso.

La familia, así como la Fundación Francisco Franco, que defiende el "legado" y la "memoria" del dictador, no dan la batalla por terminada.

"Vamos a seguir luchando legalmente hasta el final", había advertido la semana anterior Juan Chicharro Ortega, presidente de esta fundación, desde su local madrileño decorado con numerosos retratos y un busto del dictador.

Suyo es uno de los recursos pendientes de examinar. Los otros dos los interpusieron la comunidad benedictina que administra el mausoleo y la Asociación de Defensa del Valle de los Caídos.

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La familia quería que los restos del dictador reposaran junto a los de su hija en la cripta de la catedral de la Almudena, pero el gobierno se oponía para no convertir este céntrico templo de Madrid en un lugar de peregrinación para los nostálgicos del franquismo.

Vencedor de la Guerra Civil (1936-1939) como el líder de los militares que se sublevaron contra la República, Franco dirigió España hasta su muerte.

A partir de 1941, su régimen forzó a miles de presos políticos a construir el mausoleo ubicado en San Lorenzo de El Escorial, a unos 50 km de Madrid.

En nombre de una pretendida "reconciliación" nacional, Franco hizo trasladar allí los restos de más de 30.000 españoles caídos en el conflicto, tanto sublevados como republicanos sacados de cementerios o fosas comunes sin informar a sus familias.

Días después de su muerte, el 20 de noviembre de 1975, el cadáver embalsamado del dictador fue enterrado con todos los honores y la presencia de su sucesor, el rey Juan Carlos.

La decisión del Tribunal Supremo llega en plena precampaña electoral, a mes y medio de las legislativas del 10 de noviembre convocadas tras cinco meses de bloqueo político en el país.

En 2017, una amplia mayoría de los diputados españoles (198 de 350) pidió que los restos del dictador fueran retirados para que el Valle de los Caídos "dejara de ser un lugar de memoria franquista y nacional-católica".