Deudores morosos

Acaba de salir la Gallup Poll de agosto, con resultados que solo reiteran lo que piensa la gente de sus dirigentes y sus instituciones –el presidente y su vicepresidenta, el ex presidente más influyente en política y a la vez el más encartado con la justicia, las cortes, los partidos, los militares—y con una cifra que parece la foto de la derrota de un partido de la selección: el 71% de los encuestados cree que las cosas en Colombia están empeorando. 

Sale la encuesta el mismo día en que Iván Márquez hace una puesta en escena desde las selvas de Venezuela o de Colombia, desafiante, arrogante, radical e insultante con las víctimas del conflicto, desestimulante para los que dejaron las armas y estimulante para quienes consideran que los acuerdos de paz fueron un monumento a la impunidad y por eso hay que devolver al país a los tiempos de las cárceles en las selvas y de los atentados a la población civil. 

Márquez, al calor de los acontecimientos, encabeza con Santrich, el Paisa, Romaña y el Zarco, la lista de los morosos con los colombianos, en este caso con la justicia, la verdad y la reparación –la no repetición la cambiaron por los R-15--. Con un discurso de la guerra le han puesto conejo a la paz. 

El 26 de agosto se cumplió un año de la consulta anticorrupción, pero hasta ahora hay solo un proyecto aprobado, el que ordena la rendición de cuentas de los congresistas, cosa que hacen los congresistas serios sin necesidad de la ley. Las otras seis iniciativas que recogían el mandato de la consulta ciudadana, aún están por verse. El rechazo de las mayorías en el Congreso a las normas de la transparencia y el poco interés del gobierno en los proyectos se suman a las deudas con los colombianos. 

El contralor de Antioquia y varios alcaldes están en la mira de la justicia por hechos de corrupción donde la práctica del “hagámonos pasito” se aplica allá y el resto del país, mientras que el contralor general tiene muy cerca de aprobación en el Congreso una reforma con la que aspira a tener más poder, pero no consagra la eliminación de las contralorías departamentales. La eliminación de esos despachos como el fin de muchas CAR no han pasado de ser promesas de campaña. 

El país está ya a pocas semanas de las elecciones regionales, pero lejos de avanzar en una reforma política moderna con listas cerradas, paridad de género en los lugares claves de las listas, democratización en la elección interna de los partidos y financiación estatal plena. El Congreso, los partidos y los gobiernos están en deuda con la democracia. 

Por los dos escándalos más grandes de los años recientes, el carrusel de la contratación en Bogotá, los sobornos de Odebrecht y los sobrecostos de Reficar, han ido a la cárcel varios delincuentes de cuello blanco, pero en todos los casos y por razones diferentes, el Estado no ha logrado recuperar la totalidad de los dineros por los daños causados.

La lista es mucho más larga. Solo se actualiza cuando un hecho relacionado con lo que está pendiente sacude al país. Entonces el libreto se repite: un congresista sale con un proyecto de ley, el gobierno crea una comisión, las ías anuncian investigaciones y los medios repiten los mismos análisis y las mismas preguntas.