El cabildeo por el asbesto

La pugna al cierre de las sesiones ordinarias del Congreso, a diferencia de otros años, no es entre Gobierno y Congreso sino entre lobistas y legisladores por un proyecto de ley que lleva siete intentos fallidos y que esta vez está a punto de ser aprobado.

Se trata del proyecto de ley que prohibiría la producción, comercialización y distribución del asbesto (amianto) en el país, o también conocido como ley “Ana Cecilia Niño”, una madre de familia que falleció de cáncer luego de 17 años de estar expuesta a las partículas de ese material producido en una fábrica de Sibaté.

Ha sido una batalla perdida de años de algunos congresistas y de decenas de víctimas, pese a hechos evidentes como que ya fue prohibido en cerca de 70 países, a las advertencias de la Organización Mundial de la Salud OMS que clasifica al amianto dentro del grupo de agentes cancerígenos y a casos como el de Ana Cecilia Niño y de otros 1.700 colombianos que han muerto en los últimos cinco años por ese material usado en productos de construcción (tejas, tubos, frenos de autos).

Ahora que solo falta un debate en la Cámara, el asbesto se resiste a desaparecer. Uno de los ponentes, Jairo Cristo (Cambio Radical) plantea que se permita la exportación a las empresas que tengan titulo, licencia ambiental y contrato. Asegura que lo propone para evitarle futuras demandas al Estado ante el hecho de que el Ministerio de Minas no es claro en un concepto que le envió sobre la vigencia de los permisos de operación de las mineras. Por su parte, Mauricio Toro propone que la transición sea solo hasta el 2021.

Pero hasta ahora nadie le explicado al país por qué la resistencia: ¿por los votos de un municipio antioqueño? ¿por contratistas de vivienda de interés social que financian campañas? ¿por presión de los fabricantes de frenos?

Mientras en el Congreso nadie se atreve a dar nombres de los particulares que por medio del cabildeo buscan darle larga vida al asbesto, en el país empiezan a surgir otras opciones para cerrarle el camino. En marzo, un juez de Bogotá ordenó al gobierno eliminarlo en cinco años; Boyacá lo prohibirá en las obras que contrate, decisión tomada ya por Chivatá, Villa de Leyva, Tibasosa y Samacá, y en la Costa lo acaba de hacer Lorica. Pero en Bogotá, el alcalde Peñalosa, en un sí pero no, se le atravesó a la iniciativa del Concejo con el argumento de que la medida la debe adoptar el gobierno nacional.

Hasta hoy, los lobistas del asbesto parecen ser más poderosos que los de las tabacaleras que se han tenido que resignar a las medidas aprobadas en el Congreso.