Infancia

Entre caudales y caimanes, niños se juegan la vida para ir a estudiar

El caso llegó hasta la Corte Constitucional y se logró un acuerdo para solucionar su situación.

El ríoNuevo Presidente’ es el reto que tienen que afrontar todos los días los niños de la vereda San José de Campo Lajas, ubicada en el municipio de Sardinata, Norte de Santander en la región del Catatumbo. Es un reto, no solo por lo caudaloso del río y porque pasan con troncos unidos de manera artesanal, sino porque está habitado por caimanes.

Las imágenes que llegaron a la Corte Constitucional demuestran en pocos segundo el riesgo que atraviesan los menores, dado a que ‘El puente hamaca’ que era el que les permitía cruzar, es inservible.

El caso llegó a la Corte por la tutela que interpuso el personero de Sardinata Juan Gabriel Pañaranda contra la Alcaldía y la Gobernación de Norte de Santander reclamando que pese a los riesgos que cometían los niños las entidades no tomaran “cartas el asunto”. Decía el personero incluso, que la petición a la Alcaldía se había hecho desde el año 2016 pero no se actuó pese a el “ataque de un caimán provocó la muerte de una niña que se encontraba a las orillas del río”.

El caso llegó al despacho del magistrado Carlos Bernal, quien tras constatar lo denuncia concluyó que sí había vulneración de los derechos fundamentales de los menores y así lo acogieron sus compañeros.

“Este es un caso dramático, de hecho, cuando nosotros recibimos la primera información, nosotros pudimos establecer que en ese río un niño había muerto por un caimán y lo que está de por medio aquí es la protección no solamente de la vida e integridad de los niños, sino el derecho a la educación”, señaló.

Pero el caso se abordó diferente, pues se buscó unir a las partes a través de ejercicio de “interacción significativa”, por lo que las mismas entidades reconocieron que debían actuar y plantearon sus propuestas y un presupuesto de 280 millones de pesos para la construcción del ‘Puente Hamaca’ y otro puente que evitará el riesgo. Además, harán un plan de choque para que se cambie esta situación inmediatamente.

“Estas autoridades tienen que abrir una mesa, con el acompañamiento de la Procuraduría y del juez de instancia, en la que ellos mismos tienen que poner unos tiempos para cumplir con los compromisos y tienen que reportarnos”, explicó el magistrado.

El juez que revisó el caso por primera vez es el encargado de revisar que se cumpla con estos compromisos.

El magistrado apropósito de este caso, en el que afirmó que la Corte solo fue un catalizador entre las diferentes entidades, hizo un llamado a las autoridades para que no esperen que problemas como estos se solucionen vía tutela.

“El llamado es todas las autoridades: no esperen a que el caso llegue a la Corte Constitucional y tengan que recibir una llamada de la Corte, sino hay que ser proactivos y ponerle atención a estas peticiones porque los derechos de los niños tienen máxima prioridad”, señaló.

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