Denuncian posibles irregularidades en contratos de la agencia de seguridad

Colombia

  Hace pocas horas se conoció la renuncia de la directora de la Agencia de Seguridad Vial, Hilda María Gómez, quien presentó su carta el viernes pasado a la ministra de Transporte, Ángela María Orozco, y dejará el cargo a final de este mes. No han sido públicas las razones de esa salida, pero Caracol Radio investigó y encontró denuncias acerca de posibles irregularidades en contratos durante su administración.

Caracol Radio pudo establecer que hay inconformidad dentro de la Agencia por varios contratos, de los cuales ha conocido dos. Las denuncias afectan a la saliente directora y a Juana Patricia Caicedo Gutiérrez, secretaria general de la Agencia.

El primer caso tiene que ver con el arrendamiento de la sede de la Agencia de Seguridad Vial, que está en el piso 9 del edificio Esfera, al occidente de Bogotá. La denuncia se refiere a que el 19 de noviembre de 2018, el comité de contratación había aprobado firmar un contrato de arrendamiento por casi cuatro años (diciembre de 2018- a junio de 2022), con monto total de 8.448 millones de pesos.

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Sin embargo, la directora desconoció esa recomendación y firmó un contrato por solo un año, en $198 millones mensuales, es decir $2.376 por año. Si se tiene en cuenta los incrementos ordenados por la ley que se aplicarán cada año dependiendo de la inflación, en esos casi cuatro años se presentaría un mayor gasto adicional del orden de los 1.000 millones.

La segunda denuncia tiene que ver con un contrato para el seguimiento de los ingresos de la Agencia: que llegan de las escuelas de conducción, del SOAT, de los Centros de Reconocimiento de Conductores y de los Centros de Diagnóstico Automotriz. La actividad central sería hacer vigilancia a la operación de más de 2.000 establecimientos en el país.

La entidad que demostró tener la capacidad de adelantar este proceso de vigilancia es el RUNT, el sistema de información llamado Registro Único Nacional de Tránsito, que además ofrecía hacer una revisión hacia el pasado, para establecer las deudas exactas que tenían con la Agencia de Seguridad Vial. El valor que cobraba el RUNT por ese contrato era de $1.400 millones.

La denuncia se refiere a que, en lugar de ese negocio, se hizo un contrato con un particular: Rodrigo Vélez Jara. Vélez trabaja sólo con dos asistentes, sin que resulte claro que ese equipo tiene la capacidad para controlar tal cantidad de establecimientos por todo el país. A esto se suma que el contratista va a recibir mensualmente $ 19.500.000, honorarios más altos de lo que le pagan al contratista más calificado de la entidad, que es el general Rodolfo Palomino, exdirector general y exdirector de tránsito de la Policía Nacional. Todo parecería un contrato para hacerle un favor a alguien.

Caracol Radio consultó a la directora de la Agencia, quien respondió unas preguntas por escrito, pues explicó, a través de un asesor de comunicaciones, que debido a su renuncia prefiere no hacerlo en su voz. Explicó que la entidad se encuentra en un proceso de modernización, que podría requerir buscar otra sede distinta, por lo que prefirió no firmar un contrato largo y arriesgarse a pagar un incumplimiento de contrato, que sería de $2.000 millones

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