Lo que ha pasado en un año del caso Uribe y los presuntos falsos testigos

Aunque el pleito entre el expresidente Álvaro Uribe Vélez y el senador del Polo Democrático, Iván Cepeda, inició prácticamente en el año 2014, cuando el congresista reveló los testimonios que lo relacionaban con el paramilitarismo en Antioquia, uno de los puntos más álgidos fue en febrero del año pasado, cuando la Corte Suprema de Justicia encontró argumentos para investigarlo.

Lo anterior, gracias a la misma denuncia que interpuso el expresidente en contra de Iván Cepeda en el año 2012, por presuntamente crear falsos testigos. La Corte no encontró pruebas contra el senador, pero sí contra Uribe y se dio la apertura de una indagación.

En julio de 2018, nuevamente el expresidente fue foco de atención, pues por primera vez, la Corte que hoy tiene otros 19 procesos contra él, lo llamó a indagatoria, que es el momento en el que se atribuye la presunta responsabilidad en los delitos. Sin embargo, no lo llamó por la indagación que se abrió tras decidir no investigar a Iván Cepeda, sino porque al parecer, el expresidente permitió que se iniciaran gestiones para manipular testigos. En este caso, lo llamó a él y al representante Álvaro Hernán Prada, por fraude procesal y soborno.

Desde ese mes hasta hoy, la indagatoria sigue en el limbo, pues llegaron varios recursos por parte de la defensa de Uribe: una recusación contra los magistrados investigadores – José Luis Barceló, Luis Antonio Hernández, y Fernando Castro-, una petición de nulidad del proceso que aún no se resuelve, incluso, tras conocerse el llamado a indagatoria el expresidente aseguró que renunciaría a su curul como congresista y se generó todo un debate e incertidumbre sobre si el caso pasaba a la Fiscalía. Hoy sigue siendo legislador.

Entre tanto, se materializaron las nuevas salas de la Corte luego de que se creara la ley que garantiza la segunda instancia para los aforados, y este proceso pasó a la Sala de Instrucción y a la magistrada Cristina Lombana.

Precisamente esta Sala, compuesta por cinco magistrados que son Lombana, Francisco Farfán, Héctor Alarcón, James Sanz Herrera y César Augusto Reyes, lo reactivó al aceptar como presunta víctima al senador Iván Cepeda. Además decidieron que este caso será revisado entre todos por la complejidad del mismo.

Desde ahora, el congresista y su defensa podrán tener acceso al expediente y a todas las diligencias, pero aún falta que se resuelva la nulidad que obligó a la nueva Sala a revisar todo el proceso, sin embargo ya hay un proyecto de decisión al respecto.

En la petición de nulidad se señala que todo lo actuado debe borrarse porque no lo inició desde el principio la Sala de Instrucción y se vulnera el derecho a la doble instancia, pero también hay un debate que deben adelantar sobre lo ocurrido con algunas interceptaciones que se aportaron al expediente de Uribe, pero que fueron obtenidas en la investigación que se le adelantaba a Niltón Córdoba por el denominado ‘Cartel de la Toga’. Lo que sucedió fue que interceptaron al expresidente, pensando que era Córdoba.

El abogado de Cepeda, Reynaldo Villalba, asegura que serán los magistrados los que determinen si la prueba debe omitirse pero señala que, “en todo caso fueron pruebas legalmente ordenadas (…) Lo que en todo caso queda claro es que aún y en el escenario de que existiera la nulidad de esa prueba en concreto, para nada afecta el curso del proceso y para nada afecta el valor probatorio de las demás pruebas”.

El abogado aclara que aún no conoce cuáles serían las grabaciones específicas que tanto se han criticado.

En 2010, el entonces representante a la Cámara, Iván Cepeda, empieza a visitar cárceles del país argumentando que revisarán la situación carcelaria.

En 2012, el expresidente Uribe denuncia a Cepeda por los delitos de calumnia, fraude procesal, y falso testimonio.

En 2014, el representante Iván Cepeda revela lo que le contaron varios exparamilitares sobre lo sucedido en el departamento de Antioquia y relacionan al expresidente Álvaro Uribe, en especial con los testimonios de Juan Guillermo Monsalve y Pablo Hernán Sierra, alias Alberto Sierra.

En febrero de 2018, se conoce la compulsa de copias que se hizo contra el expresidente Álvaro Uribe, luego de que se archivara la investigación en contra de Iván Cepeda.

En abril de 2018, se resuelve la petición de la defensa de Uribe de no investigarlo, pero se confirma el fallo que compulsó las copias.

El 14 de abril de 2018, se conoció el asesinato de un testigo en el caso de parapolítica que se adelanta contra el exgobernador Luis Alfredo Ramos, Carlos Areiza, días después de quedar en libertad. La Corte había pedido protegerlo, pues a la corporación hizo llegar una carta en la que señalaba que había declarado en contra de Ramos y los Uribe porque Cepeda le había hecho ofrecimientos y le otorgaron un preacuerdo que la misma Corte ordenó investigar.

En junio de 2018, la defensa de Uribe presentó una nulidad, pero el expresidente ordenó retirarla.

El 24 de julio de 2018, la Corte Suprema llamó a Álvaro Uribe Vélez y al representante a la Cámara, Álvaro Hernán Prada a indagatoria por los delitos de fraude procesal y soborno pero porque tras anunciarse la compulsa de copias, habrían emprendido gestiones para manipular testigos.

El 24 de julio de 2018, el expresidente dijo que iba a renunciar a su curul y se planteó un debate sobre si el caso pasaba a la Fiscalía. La renuncia nunca llegó.

En julio de 2018, el expresidente recusó a los magistrados por presuntamente filtrar información del proceso, lo que aplaza el llamado a indagatoria.

El 27 de agosto, niegan el recurso presentado contra el expresidente en la primera revisión.

El 3 de septiembre, otra sala ajena a la que llevaba a la investigación confirma la negación de la recusación, por lo que se esperaba una nueva fecha para la indagatoria.

El 9 de septiembre, el expresidente presentó una nulidad de todo el proceso alegando que se tenía que aplicar la doble instancia, es decir, que serían las nuevas salas de la Corte las que deberían adelantar el proceso. Además que los magistrados que lo investigaban estaban impedidos porque fueron los que archivaron el proceso contra Cepeda.

El 15 de septiembre de 2018, se desató una polémica por unas interceptaciones que se le hicieron al expresidente Uribe, de las cuales aún se desconoce su contenido, y que se obtuvieron por parte de la Corte Suprema en la investigación al congresista Niltón Córdoba por el denominado ‘Cartel de la Toga’. La Corte interceptó el número de Córdoba pero realmente era el del expresidente.

El 19 de septiembre de 2018, la defensa del expresidente Uribe anunció que acudiría a instancias internacionales por la violación de sus derechos.

El 1 de octubre de 2018, se conoció que el relator de las Naciones Unidas sobre a la independencia de los magistrados y los abogados, Diego García Sayán, le pidió a la Corte Suprema información sobre el proceso contra los congresistas, dado a que sus defensas argumentaron que se les estaría violando el debido proceso, en especial porque los investigadores no serían imparciales.

El 11 de octubre de 2018, se posesionaron los magistrados de la sala de instrucción.

El 24 de octubre de 2018, la Corte Suprema de Justicia envió a la Cancillería la respuesta al requerimiento del relator, negando que se hayan vulnerado los derechos tanto de Uribe como de Prada.

Del 25 de octubre al 10 de noviembre, se suspendieron los términos de todos los procesos a cargo de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema, incluidos los del caso Uribe.

El 4 de noviembre de 2018 se terminó la entrega de todos los expedientes de la Sala Penal que le correspondían a esa Sala, incluido el de Uribe.

El 7 de noviembre de 2018 se conoció que a la magistrada Cristina Lombana le correspondió el caso y que en consecuencia será la ponente.

Del 20 de diciembre a 11 de enero, la rama judicial estuvo en vacancia judicial.

El 8 de febrero de 2019 se aceptó la petición de que el senador Iván Cepeda sea parte del proceso en calidad de víctima.

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