El “negocio” de la compra y venta de sentencias

 El “negocio” está en un trueque simple que protagonizan intermediarios, en muchas oportunidades, abogados con alguna experiencia en demandas contra el Estado.

Ubican a personas y víctimas de acciones u omisiones del Estado, que demandaron y tienen garantizada una reparación económica. Les ofrecen pagar en efectivo el 90 por ciento de lo que esperan recibir y a cambio deben firmar un poder.

Con el acuerdo firmado los abogados asumen el litigio y le cobran los intereses al Estado, que en criterio de Camilo Gómez, director de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, resultó ser un lucrativo “negocio”.

 “Se ha convertido en un negocio financiero, el no pago de las sentencias del Estado, un intermediario llega a comprarle la sentencia con un descuento del 10 por ciento y él acaba ganándose después del mes 10 los intereses moratorios”, dijo Camilo Gómez.

Gómez incluso contó que a su oficina y antes de ser director de la Agencia, llegaron personas con la propuesta de negocio: compra y venta de sentencias. Lo grave es que el asunto es legal, de ahí que hace algunas observaciones para evitar tantas trampas al Estado.

Para la Agencia la tajada más larga del “negocio” está en los intereses de esas demandas que este año sumaron más de 2 billones de pesos pendientes por pagar, de un total de pretensión o demandas, aun sin fallar, por más de 378 billones de pesos.