73 mil personas han desaparecido en Colombia en los últimos 10 años
El más reciente informe de Medicina legal refleja que entre enero y julio de este año se han registrado más de 3 mil casos.
Colombia
Según el director del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Carlos Valdés, entre 2008 y 2017, 73 mil personas fueron reportadas como desaparecidas en el país, de los cuales 27.229 corresponden a menores de edad, registrando el pico más alto durante el 2011 con 8.187 casos y 2012 con 8.137 denuncias.
También afirmó que en la mayoría de los registros se destaca el hecho de que la desaparición tuvo origen en problemas al interior del hogar, resaltando la violencia familiar y el abuso sexual a la mujer, especialmente en la adolescencia como determinantes.
De otra parte se especifica que, Bogotá fue la ciudad con el mayor número de registros teniendo 32.791 denuncias, seguido de Antioquia con 7.675 y el Valle del Cauca con 6.211. Siendo el mes de mayo y los días viernes y sábados cuando más acuden los familiares y amigos a reportar estos casos.
De igual forma, el director aseguró que entre enero y julio de este año Medicina Legal ha registrado 3.643 casos de desaparecidos de los cuales han aparecido vivos el 2,7 % y muertos el 37 %, mientras que sigue sin conocerse el paradero de más del 60 %.
A propósito de desaparecidos, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) pidió al presidente colombiano, Iván Duque, que su Gobierno priorice la búsqueda de personas desaparecidas en el país cuya cifra situó en 83.000 entre 1958 y 2017.
"La sociedad en su conjunto, y especialmente el nuevo Gobierno, debe hacer un esfuerzo por priorizar la búsqueda de personas desaparecidas y garantizar que se hace todo lo posible para que los familiares tengan respuestas", afirmó el jefe de la delegación del CICR en Colombia, Christoph Harnisch, citado en un comunicado del comité.
El CICR destacó el avance que supone la creación de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas (UBPD), incluida en el acuerdo de paz firmado por el Gobierno colombiano y las FARC.
Sin embargo, considera que la demora en su puesta en marcha efectiva "añade aún más dolor a las familias y no puede justificarse casi dos años después de la firma del acuerdo de paz".
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