El procurador General Fernando Carrillo se refirió a la respuesta del Consejo de Estado que deja claro que el Ministerio Público mantiene sus competencias para destituir a funcionarios de elección popular, especialmente cuando incurren en faltas gravísimas.

El funcionario manifestó que con la consulta que fue presentada en el alto tribunal, por el caso del ex alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, se buscaba tener absoluta claridad sobre las investigaciones y sanciones que adelanta la procuraduría contra funcionarios de elección popular.

En este sentido, Carrillo manifestó que no debilitarán las herramientas contra la lucha a la corrupción y que utilizará “la potestad disciplinaria con mesura para investigar políticas públicas y casos que no tengan que ver con hechos de corrupción”.