Más de $240 millones de posible daño patrimonial por contrato de brazaletes electrónicos del Inpec

La Contraloría General de la República ordenó el cierre de la indagación preliminar, correspondiente a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios, ya que se encontró un posible detrimento patrimonial de $201 millones al descubrir que en las mismas bases de datos de los brazaletes se reportaban como “apagados” o “revisión técnica”.

Otros $45 millones fueron encontrados por la forma en que se contabilizaron las novedades dentro de un mismo periodo, que llevaron a que siempre se pagara un día de más al contratista.

Debido a que el daño probado se extrajo de una muestra selectiva de los registros presentes en las 16 facturas que soportaron los pagos, el monto puede incrementarse.

Esta investigación fue realizada por las “denuncias ciudadanas, y a las observaciones presentadas por el director general del Inpec al entonces Ministro de Justicia y del Derecho, sobre las deficiencias en la ejecución del contrato 0321 de 2014, para la prestación del Servicio De Vigilancia Electrónica (SVE)” que opera en los casos de reclusos con prisión domiciliaria o con medida de aseguramiento no privativa de la libertad.

Otras observaciones presentadas por el Órgano de Control fueron los reiterados incumplimientos por parte del contratista, para la atención de las novedades técnicas de los equipos de monitoreo. En algunos casos, la Contraloría descubrió equipos fuera de servicio por “meses completos, sin que existieran acciones correctivas por exigencia de la supervisión contractual”.

Adicionalmente, “el proyecto de vigilancia electrónica, contratado desde 2011 con la misma empresa, demandaba un número mínimo de 4.400 equipos en operación, número que nunca se alcanzó durante la vigencia del contrato 0321 de 2014”.

La Contraloría recomendó la apertura del proceso de responsabilidad fiscal en contra de servidores públicos y contratistas individualizados.